Blasco: “El Consell deberá elaborar 80.000 informes sobre extranjería sin que el Gobierno dé un euro más”

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha manifestado que la reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería), aprobada en el Congreso de los Diputados, supondrá mayores obligaciones y competencias para las comunidades autónomas y, en el caso de la Generalitat, “evidenciará que el Consell hace los deberes en materia de extranjería por un ejercicio de responsabilidad pero, sin embargo, el Gobierno sigue sin poner los medios ni la financiación necesaria para la correcta atención de las personas inmigrantes y extranjeras”.

La reforma de la Ley de Extranjería trasladará a los municipios y las comunidades autónomas la elaboración de los informes necesarios para que un inmigrante pueda, entre otros trámites, acreditar su integración para el arraigo o informar sobre el estado de su vivienda para el reagrupamiento familiar. En total serán más de 80.000 informes los que anualmente elaborarán las Agencias AMICS, conveniadas entre los ayuntamientos y la Generalitat, sin que el Gobierno haya consignado un euro más a la Comunitat para realizar este trabajo. La redacción de la noma incluye obligaciones hasta ahora desconocidas para las autonomías (que sin partida estatal asignada al efecto) deberán emitir certificados previos durante los procesos de renovación de residencia temporal, solicitud de nacionalidad o ampliación del permiso de trabajo.

Nuevas competencias

La Comunitat será competente en informar y formar a las personas inmigrantes y extranjeras en lenguas oficiales, legislación básica y valores constitucionales y estatutarios e historia de España y de las comunidades autónomas; informes sobre la asistencia a estas actividades para la renovación de la tarjeta de residencia temporal; informes sobre integración en la sociedad española que se valorarán para adquirir la nacionalidad española por residencia; informes sobre integración social, preceptivos en los procedimientos de residencia por arraigo, cuando el extranjero no tenga un familiar directo en España con autorización de residencia o cuando se recomiende que sea eximido de la obligación de presentar contrato de trabajo; informes de adecuación de vivienda, obligatorio en los expedientes de reagrupación familiar y residencia inicial de hijos menores de edad o discapacitados y, por último, informes sobre escolarización de hijos menores a cargo en edad de escolarización obligatoria, que son de aportación obligatoria en los expedientes de renovación de tarjetas de residencia temporal y solicitudes de residencia de larga duración.

“La Comunitat, pese a que el Gobierno nos da la espalda, está en condiciones de desarrollar esas funciones con eficacia a través de la Red de AMICS, concertada entre la Generalitat y los ayuntamientos, de la Red de Escuelas de Acogida y del servicio de Mediadores Interculturales”, ha declarado el conseller. Este ha denunciado que Zapatero ha reducido las transferencias a las comunidades autónomas para la realización de acciones a favor de los inmigrantes en un 46,49%, en total 103 millones de euros, pasando de 221 millones en 2009 a 118 este año.

Blasco ha recordado que la Generalitat pone a disposición de las personas inmigrantes que así lo decidan voluntariamente la posibilidad de cursar un programa gratuito de comprensión de la sociedad valenciana denominado “Escuela de Acogida”, que garantiza el conocimiento de los valores y reglas de convivencia democrática, de los derechos y deberes establecidos en la Constitución y en las leyes, de la estructura y organización política del Estado y la Comunitat, así como de sus dos idiomas oficiales, castellano y valenciano.

Este programa es impartido por 37 Escuelas de Acogida que han impartido 76 cursos y han seguido 2.225 personas inmigrantes y extranjeras de 42 nacionalidades. El seguimiento de este programa, de carácter voluntario, permite la obtención del correspondiente certificado, que servirá especialmente para valorar las renovaciones de la tarjeta de residencia.