El PP alerta de que Navarro ha aprobado las nuevas sanciones de tráfico por decreto sin respetar el plazo de exposición al público, vulnerando presuntamente la Ley e impidiendo alegaciones

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Antonio Pérez, ha exigido esta mañana “que se arregle inmediatamente el desaguisado provocado por el señor Bañuls, con la colaboración necesaria del señor Navarro, al aprobar por decreto aspectos relevantes de la modificación de la Ordenanza número 1 de Movilidad y que ha entrado en vigor en Benidorm sin respetar el plazo de exposición al público y alegaciones de 30 días hábiles que estableció el mismo Ayuntamiento en el BOP”.  La vulneración de ese plazo de exposición al público y la vulneración del derecho ciudadano a plantear alegaciones “bien pudiera anular todo el procedimiento”, advirtió Antonio Pérez “y este Ayuntamiento puede tener serios problemas si este hecho representa la presentación alegaciones a las sanciones impuestas en base a una ordenanza que no se ha tramitado correctamente”.

El portavoz municipal del PP recordó que “el pasado 29 de marzo, el señor Bañuls elevó a Pleno la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza número 1 de Movilidad, aprobada inicialmente sólo con los votos a favor del señor Bañuls, el señor Navarro y los 11 que les acompañan en el gobierno local, puesto que el Grupo Municipal del Partido Popular votó en contra”. Recordó asimismo que “dicha modificación llegaba muy tarde, era un monumento a la improvisación y adolecía de los defectos propios de la poca dedicación a la que somete el señor Bañuls los asuntos públicos que son de su única y exclusiva responsabilidad, por no hablar de la absoluta falta de participación ciudadana en su confección”.

La modificación venía obligada por la nueva Ley de Tráfico aprobada el 23 de noviembre del 2009 en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del Grupo Popular en el Congreso, ya que su único fin era establecer un procedimiento rápido de recaudación y que no es una Ley de Seguridad Vial, al tratarse de una Ley que “viene a minorar la protección de los ciudadanos; nos insta a no plantear alegaciones ante las sanciones sino a pagar rápido. Es una Ley,-agregó Antonio Pérez-, dictada para gravar el bolsillo maltrecho de los contribuyentes y recaudar más a nivel nacional. Y en Benidorm, más de lo mismo, o mucho peor”.

“El señor Bañuls no miró por los ciudadanos, sino como sacarnos más dinero,-continuó Antonio Pérez-, Porque la nueva Ley, que ya era abusiva en su concepto, dejaba a criterio de los Ayuntamientos una horquilla entre mínimos y máximos por cada sanción y en Benidorm, el señor Bañuls, apoyado con el voto de Navarro y sus 11 compañeros, decidieron en la mayoría de los casos aplicar los máximos propuestos”.

La aplicación de la nueva Ley de Tráfico se ha hecho en Benidorm de forma improvisada. La nueva Ley, que fue aprobada el 23 de noviembre, entró en vigor el 25 de mayo y en Benidorm procedíamos al primer paso de la modificación de esta importante ordenanza el 29 de marzo.

El portavoz del PP recordó que “no habían entonces informes de Tesorería y aún hoy no se han adecuado los medios y recursos materiales a disposición de la Policía Local para el efectivo cumplimiento de la Ley y de la Ordenanza; no se han hecho cursos de formación y ni siquiera se ha trasladado ninguna información a los agentes en este sentido. Ya dijimos entonces que, hasta entonces, el retraso de Bañuls se podía salvar con esa aprobación inicial y los mínimos plazos exigidos en la Ley, pero que teníamos serias dudas de que llegásemos a tiempo y que las secuelas de esa tardanza inicial y de esa prisa e improvisación final se harían latentes tarde o temprano, y, lo que es peor, se harían latentes en los bolsillos de los ciudadanos así como en sus nulas posibilidades de participación o alegación. No hubo traslado de esta importante modificación a las asociaciones y colectivos locales; ni a los vecinos, ni al sector del transporte, ni a los taxistas, empresas de carga y descarga, autobuses, zona azul, grúa, empresas de alquiler de coches. Por no haber, no hubo ni informes técnicos de los ingenieros de movilidad, ni de la policía local, ni, como ya hemos dicho, del área de tesorería”.

“¿Y donde estamos ahora?,-se preguntó Antonio Pérez-. En primer lugar en una clara indefensión jurídica de los vecinos e incluso de esta administración y todo por culpa de la dejadez del tránsfuga Bañuls, más preocupado en otras historias que en atender lo que de verdad importa. Porque hablamos de carga y descarga, de vados y entradas a domicilios y establecimientos, de autobuses de pasajeros, de motocicletas y ciclomotores, de paradas de bus escolar y accesos a centros docentes, de farmacias y establecimientos sanitarios, de hoteles, contenedores, paradas de Taxi, semáforos, carriles de aceleración, acceso a zonas peatonales y un largo etcétera. De una absoluta falta de previsión y de nula eficacia en dotar de los medios materiales adecuados para el cumplimiento de la ordenanza a la Policía Local”.

El portavoz municipal del PP subrayó que el proceso administrativo seguido en Benidorm a la hora de adecuarse al nuevo marco legal, “plantea serias dudas desde un punto de vista jurídico, se puede haber vulnerado la Ley, al no respetar los treinta días hábiles de exposición pública para la presentación de alegaciones, puesto que Agustín Navarro firmó un decreto aprobando el nuevo cuadro de claves de infracción a la normativa de circulación vial, así como el importe de las sanciones, el 10 de mayo, cuatro días antes de expirara el plazo. Entendemos que se han vulnerado derechos fundamentales de participación y se ha vulnerado el cumplimiento de la Ley y los plazos de sometimiento al público. Y desde el Grupo Municipal del Partido Popular, hoy exigimos que se arregle inmediatamente este desaguisado, bien por la revocación de ese decreto, bien concediendo un nuevo plazo de alegaciones tal y como solicitamos el día 13 de mayo, -petición que no hay constancia fuera atendida por Navarro-, o bien convocando una sesión extraordinaria y urgente del Pleno, y si esta fuese la única solución posible para arreglar la chapuza de Bañuls, que sea él quien pague de su bolsillo los gastos derivados de dicha convocatoria extraordinaria y urgente”.