El Grupo Municipal Popular acusa al Ministerio de Medio Ambiente de ejercer una persecución innoble contra Benidorm
Antonio Pérez responde a Llinares que las obras del Torrejó están perfectamente tramitadas y autorizadas
El portavoz popular explicó, en primer lugar, que en ningún caso se trata de unas obras de demolición y subrayó que las obras del Torrejó están perfectamente enmarcadas en el Plan E y está administrada y diligenciada por el Gobierno de España y afecta a un edificio público que guarda el linde con todos los edificios de la zona. En definitiva, se trata de una obra de interés público del pueblo de Benidorm y el portavoz popular subrayó que la defensa ahora “del Partido Socialista y la defensa del señor Bañuls, debería ser ahora no la de intentar justificar lo injustificable, sino enfrentarse a un Ministerio de Medio Ambiente que tiene a Benidorm en la retina y que sólo actúa cuando sabe que puede hacer daño”.
El portavoz popular se preguntó en este sentido si “¿ha visto ya el vigilante de Costas si se ha tirado ya el edificio Anfora en Finestrat?¿Quieren que hablemos de Punta Llisera? o ¿cómo descubrió eso el vigilante de Costas cinco meses después de iniciadas las obras con cargo a un fondo del Plan E, autorizadas por un Ministerio como el de Administraciones Públicas, con un proyecto aprobado por unanimidad por el pleno de la Corporación en un edificio público municipal?”
Antonio Pérez le exigió al gobierno No Adscrito que “dé una respuesta contundente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que es quien está ejerciendo y ejecutando una persecución innoble con el pueblo de Benidorm. Vamos a defender con uñas y dientes,-apostilló-, que el edificio del Torrejó, no ha sido demolido, no es un edificio de nueva planta y el proyecto cuenta con todos los parabienes de otro Ministerio como es el Ministerio de Administraciones Públicas, tiene una aprobación plenaria y está dentro del marco del Plan General”.
El portavoz popular se preguntó sobre los motivos reales que habían llevado a denunciar el expediente ante la Consellería, un mes después de presentar un escrito en el Ayuntamiento, y subrayó la circunstancia de que “el Servicio de Costas de Alicante depende del Partido Socialista Obrero Español del Gobierno de Madrid. Queremos que desvelen,-concluyó-, cual es el motivo real de la persecución a la que están sometiendo a esta ciudad, no al antiguo gobierno que eligieron democráticamente los ciudadanos, sino a los intereses generales de esta ciudad”.
