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El alcalde de Benidorm y el conseller de Medio Ambiente denuncian la política hídrica del Gobierno

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    El alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, y el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, se han reunido esta mañana en Benidorm para tratar sobre las obras hídricas que está desarrollando el Gobierno en la Comunidad Valenciana, especialmente aquellas que afectan directamente a la provincia de Alicante y a Benidorm. En este sentido, el primer edil benidormense ha resaltado que, “después de que el Gobierno nos haya quitado esa gran obra que era el trasvase del Ebro, al mismo tiempo nos prometía sustituir ese agua por agua desalada, y a día de hoy, cinco años después, ni una gota de agua desalada llega a ningún punto de la Comunidad Valenciana”. Alcalde y conseller han visitado, tras pasar por el Consistorio, las instalaciones de depuración de la ciudad y se han reunido con los regantes del canal bajo del Algar para ponerles al corriente de la actual situación hídrica.

    El primer edil ha confirmado que las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente eran que la planta de Torrevieja, que producirá unos 80 hectómetros cúbicos anuales de agua, ampliables a 120, se acabaría en este año, por lo que ha criticado que, a pesar de que las obras están finalizadas, “todavía no se han iniciado los trámites para construir la subestación eléctrica que permitirá abastecer de energía a la planta”.“Creemos -ha puntualizado- que la política hídrica del señor Zapatero es un verdadero desastre, y si algo preocupa al alcalde de Benidorm y debe preocupar a sus ciudadanos es que Benidorm no esté siempre pendiente del cielo, de que caiga agua de lluvia para poder estar seguros los próximos meses”.

    Manuel Pérez Fenoll también ha hablado del otro frente que incomoda al Consell y al Ayuntamiento local, que es la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que intenta poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura. En tercer lugar, se ha referido a las obras del Júcar–Vinalopó, que siguen sin finalizarse.

    El conseller de Medio Ambiente ha puntualizado, por su parte, que la desaladora de Torrevieja “no tiene usuarios”, salvo la propia Confederación del Segura y el Taibilla. Esto quiere decir, ha resumido García Antón, que “se está construyendo para sustituir el trasvase Tajo-Segura. Hacen desaladoras a cambio de quitar trasvases; se disminuye el Júcar-Vinalopó y hago la desaladora de Muchamiel. Es intolerable”. Mientras, en Cataluña, corrobora el representante del Consell, “se acaba de inaugurar un gran canal de agua de regadío en la zona de Lleida, para más de 70.000 hectáreas. Están convirtiendo el secano en regadío en Cataluña, y en Alicante están convirtiendo el regadío de la zona del Segura y del Vinalopó en secano, porque eliminan los trasvases y ponen desaladoras, cuya agua no se puede usar para regar, ya que su precio ronda el euro por metro cúbico”.

    Asimismo, el conseller ha comentado que el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar han puesto en marcha dos medidas, “desde la nueva cultura del agua”, negativas para la provincia. Por un lado, la creación de un documento con la nueva demarcación del Júcar, que es “intolerable” -ha afirmado- pues “deja fuera a l’Alacantí y a la Marina Baixa de lo que es la política del Júcar”. Según García Antón, ese documento no especifica cómo las obras de nuevas conducciones dentro del trasvase Júcar-Vinalopó “van a servir para estas comarcas”. La demarcación nueva del Júcar, en palabras del representante del Consell, “deja a l’Alacantí y a la Marina Baixa desvertebrada y sin garantías”. Por otra parte, la propia Confederación elabora un documento -ha resumido el conseller- donde dice que el Júcar-Vinalopó “sólo va a llevar 51,7 hectómetros cúbicos y el resto va a ser de desalación; aunque lo que más nos preocupa es que no habla de precio de costes, de abastecimientos, y sin esas condiciones, es totalmente inviable esa nueva obra. Y la sensación que tenemos, tras cinco años, es que esta actuación no va a valer para nada”. Sobre estos documentos emitidos desde la Confederación, el conseller ha dicho que “el agua para uso humano queda fuera del servicio del Júcar-Vinolopó”. Aguas que, según García Antón, serán más costosas para los regantes y de peor calidad. “Lo que quieren es que el trasvase Júcar-Vinalopó, en el que se están gastando más de 300 millones de euros, sea de uso exclusivo para el riego y no para abastecimientos, y así no es viable”. García Antón ha reclamado diálogo al Gobierno para “que no se nos ningunee”.

    García Antón ha hablado además de la nueva conducción que se está ejecutando, paralela al canal bajo del Algar, y que en el plazo máximo de cuatro meses “estará totalmente finalizada”. Una canalización “fundamental”, ha asegurado, para poder reutilizar las aguas terciarias procedentes de la depuradora de Benidorm. La obra, cuyo presupuesto ronda los 18 millones de euros, se ha ejecutado a petición de los propios regantes.

    En este punto, el conseller ha subrayado que en la Marina Baja “se utilizan las aguas superficiales, las subterráneas y las aguas residuales, perfectamente depuradas, junto con el uso de regadíos, de modo “ejemplar”. Una gestión del agua por parte de los ayuntamientos de la Marina Baja que ha calificado como “la mejor de toda España y del mundo”. Una gestión eficiente del agua que, ha recordado, viene avalada con la puesta en marcha, años atrás, de las infraestructuras que en 1996 permitieron la conducción de agua desde Alicante a la Marina Baja, procedentes desde los canales del Taibilla, desde el Tajo-Segura y del Júcar. Aguas que se han utilizado “varios veranos para salvar la temporada, sin ninguna pega”, ha concluido.

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