El PP exige la aprobación urgente de la ordenanza reguladora del servicio de préstamo de bicicletas

El Grupo Municipal del Partido Popular, a través de su Portavoz Antonio Pérez, ha remitido en la mañana un escrito a la alcaldía mediante el cual exige al gobierno de Navarro-Amor “la aprobación urgente de una Ordenanza Fiscal que regule las tarifas a aplicar en el servicio municipal del préstamo de bicicletas, cumpliendo lo estipulado en la Resolución 2.613 firmada por Agustín Navarro el tres de mayo de 2012”.

Antonio Pérez ha señalado que “cuando el pasado 23 de julio el edil Popular José Ramón González de Zárate denunció el estado lamentable de las instalaciones y vehículos (bicis) que ofrece este servicio municipal, nos resultó sorprendente que dicha denuncia no tuviera la menor réplica por parte del Gobierno”.

“Así, ha señalado Antonio Pérez, esta denuncia y la ausencia de respuesta, algo que últimamente viene siendo práctica habitual del gobierno de Agustín Navarro y Gema Amor, como es emplear los servicios públicos de comunicación que pagamos todos para hacer oposición a la oposición, entre otras cosas ante la ausencia de iniciativas y soluciones a los problemas reales de la ciudad y de los benidormenses, además de sorpresa levantó nuestras sospechas por lo que nos pusimos a trabajar, con el resultado de encontrar este decreto/resolución del cual se ha beneficiado durante dos años una empresa y se ha incumplido en lo que podría beneficiar a Benidorm y a los usuarios de este servicio municipal”.

“Ningún departamento sabe nada de esta concesión, ni acerca de su devenir desde que Agustín Navarro otorgase a la concesionaria el cumplimiento de la gestión de las instalaciones, equipos y vehículos (bicicletas), todos ellos adquiridos con cargo a dinero público municipal, y cedidas por este Ayuntamiento, sin que procediese ninguna indemnización por ello, ni tampoco de la Ordenanza Fiscal cuya redacción y aprobación establecía el mismo decreto y sin la cual la adjudicataria debería prestar el servicio de forma gratuita”, manifestó el Portavoz Popular.

“El decreto de Navarro estableció como fecha límite para iniciar el servicio hasta el 2 de junio de 2012, y desde entonces hasta hoy nadie sabe ni qué empresa lo han prestado ni lo presta en la actualidad, ni en base a qué están cobrándose tarifas, algo que se puede comprobar sólo con ir a utilizar el servicio igual que podemos dar fe que no se ha aprobado ninguna Ordenanza que lo regule”, destacó Antonio Pérez.

“Lo que es evidente es que el sistema, que se publicita y establece tarifas tanto en las bases como en un enlace la propia página web benidorm.org, está funcionando de forma más que mejorable, pero es un hecho que además alguien está cobrando por ello con tarifas que van desde los 3 hasta los 33 euros y además permitiéndose publicar en un medio oficial municipal una serie de penalizaciones que pueden llegar hasta los 401 euros, sin que este Ayuntamiento haya regulado nada al respecto”.

“Estamos ante un asunto de gravedad extrema y Navaro, Amor y el resto de sus socios de gobierno no pueden seguir mirando hacia otro lado”, ha señalado Antonio Pérez quien además ha puesto el énfasis en que “no podemos olvidar que han sido 4 años bajo el gobierno de Agustín Navarro los que dicho servicio se ha venido prestando y lo ha hecho sin una ordenanza que lo respalde. Una ordenanza cuya inexistencia ha permitido a una empresa o a varias, ni el propio gobierno sabe que empresa presta el servicio en la actualidad, ingresar un dinero no regulado e incluso atribuyéndose la potestad sancionadora”.

“Hasta el día de hoy, todo lo que envuelve a este servicio es de una legalidad más que dudosa, por lo que se hace precisa esa Ordenanza que clarifique los derechos y obligaciones de los benidormenses y turistas que utilizan este servicio público municipal, pero también una ordenanza que recoja evidentemente un apartado claro acerca de la obligada Protección de datos. Nadie sabe hoy quien está en posesión y quienes acceden a los datos personales que obligatoriamente deben propiciar los usuarios del servicio y con qué efectos. Nada respalda a los usuarios a ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación conforme a lo previsto en la L.O. 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, lo cual es grave” ha manifestado el edil popular.

“Para más gravedad, todos los bienes del servicio son público-municipales, de hecho, en su balance después de un año del pacto de gobierno Navarro-Amor, éstos sacaron pecho desde la Concejalía de Movilidad y Tráfico con la “implantación de 20 bases para el alquiler de bicicletas”, en un claro ejemplo de que todos, absolutamente todos, saben de qué estamos hablando y se vuelcan en beneficiar con dinero público a una empresa, al tiempo que le permiten cobrar por otro lado un dinero sin respaldo legal y encima por un servicio que deja mucho que desear”.

Pérez ha finalizado manifestando que “hoy no nos valen silencios, hoy pedimos al gobierno de Navarro-Amor que trabaje y que regularice de forma urgente esta situación y que se adopten las medidas oportunas para esclarecer los hechos y donde ha ido a parar ese dinero. Hoy igualmente, exigimos al gobierno de Navarro-Amor que den la cara y asuman responsabilidades políticas al más alto nivel”.