El Gobierno llevará al próximo pleno la primera de las medidas que garantizan el servicio público de la ORA
Tras la rescisión del contrato de ParkControl
La concejal de Movilidad, Mª Carmen Martínez, subraya que “nadie puede tener la más mínima duda del proceso”, y destaca que “se actuará como determinen los técnicos”
La concejal de Movilidad, Tráfico y Transporte del Ayuntamiento de Benidorm, Mª Carmen Martínez, ha anunciado que en el pleno municipal ordinario del próximo lunes 30 de junio en el que se debatirá la resolución del contrato de la zona azul con la empresa ParkControl se incluirá la primera de las medidas que garantizará el servicio hasta que el nuevo concurso. En este sentido ha aclarado que en la misma sesión plenaria se someterá a votación la inclusión de una enmienda de adición en este punto del orden del día “para que no haya ninguna duda sobre la situación en la que queda el servicio tras la decisión”.
Esta enmienda, de la que tienen conocimiento todos los grupos a través de la documentación del pleno, es un informe aclaratorio del técnico instructor del expediente de ParkControl sobre la situación del embargo de la concesión por parte de la Agencia Tributaria, y con la Seguridad Social. Y es que este técnico entiende que “el contrato sobre el cual se traba el embargo, es un contrato de gestión de servicio público, no una concesión demanial (…) es decir, la gestión de un servicio público mediante la modalidad de concesión, conlleva el cumplir con las obligaciones del contrato. Aquí no hay un derecho de uso y disfrute de un bien que no afecta al interés general, ni al servicio público, en este caso hay una serie de obligaciones que cumplir, que pueden afectar negativamente a los ciudadanos de este municipio”.
Continúa argumentando dicho técnico que, “cuando el contrato se extingue, bien por la expiración del plazo o por su resolución, el embargo sobre los derechos y obligaciones del contratista desaparece. No existiendo ningún motivo, por el que el titular del servicio que es el Ayuntamiento de Benidorm, no pueda de forma legal extinguir el contrato sobre el cual se traba el embargo, por incumplimientos no de la Administración sino del adjudicatario del contrato”.
La concejal ha explicado que también se propondrá al pleno “facultar al alcalde a adoptar todas las medidas provisionales, una vez sea adoptado el acuerdo de resolución del contrato, a los efectos de que los servicios públicos no se vean afectados”. Por tanto, según Martínez, “una vez resuelto el contrato se adoptarán aquellas medidas que los técnicos nos propongan para garantizar el servicio”.
“Esperamos poner fin a la nefasta gestión del servicio, que ha perjudicado los intereses generales de la ciudad, afectando también a otras administraciones como la Agencia Tributaria, la Seguridad Socia le incluso a los propios trabajadores”, ha argumentado la concejal. Martínez ha recordado que “los técnicos responsables han realizado un trabajo impecable en la tramitación del expediente”, y ha destacado que “el dictamen del Consell Juridic Consultiu ha sido favorable a la resolución del contrato”. “Confío que con llegados a este momento, todos los grupos apoyen la rescisión del contrato”, ha añadido.
Errática estrategia judicial
La concejal de Movilidad ha manifestado que “la estrategia judicial fallida del PP durante todo este tiempo ha agravado la situación, y por tanto, las consecuencias que de ella se deriven”. Desde su punto de vista, “ellos son los auténticos responsables de lo ocurrido, junto con la nefasta gestión empresarial, pues un caso claro de resolución contractual lo convirtieron en un arma arrojadiza política, que finalmente va a tener ‘efecto boomerang’. Van a pasar a la historia por generar dicho caos”.
Martínez ha criticado por último que “los intereses particulares de los que siembran dudas son los que están intentando demorar la resolución”, y se ha preguntado “a qué intereses deben su oposición”.
