PP: "La empresa que gestiona el Palau de forma provisional pone a la venta un abono trimestral un 50% más caro de lo autorizado por la Ordenanza Municipal"

La concesionaria provisional de la piscina y el gimnasio del Palau d’Esports “L’illa de Benidorm”, no sólo ha puesto a la venta un abono de tres meses incumpliendo el pliego de condiciones (sólo está autorizado a cobrar por meses debido al carácter transitorio de la prestación de su servicio) sino que, además, está cobrado un 50 por ciento más a los usuarios empadronados: en lugar de 63,69 euros, tienen que pagar 90 euros, y los no empadronados un 5 por ciento más, en lugar de 127,38 euros les ofrecen un abono por 135 euros.

Los hechos han sido denunciados esta mañana por el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Lorenzo Martínez, quien ha exigido la devolución inmediata de lo cobrado de más a los usuarios y ha pedido que las áreas municipales de Secretaría, Intervención y Tesorería, emitan un informe sobre el grado de cumplimiento de las cláusulas con las que le fue adjudicado el servicio de forma transitoria, así como de la Ordenanza Municipal número 30, dónde quedan establecidos los precios públicos por la utilización de las instalaciones y escuelas deportivas. Esa Ordenanza, aprobada en junio del año 2012 junto al Plan de Ajuste, ha sido literalmente infringida por la concesionaria cometiendo “una estafa y una ilegalidad”, según las palabras del propio Medina, quien además acusó al concejal de Contratación y Deportes, Miguel Llorca, de haber hecho dejación de funciones ante lo que considera “una estafa a los usuarios, consentida por el señor Llorca”, apostilló.

Lorenzo Medina subrayó que el edil de Contratación y Deportes ha tratado de restar importancia a los hechos que el Partido Popular ya denunció el pasado viernes en relación con la oferta de un bono de tres meses lanzado por la empresa, cuando en realidad solo puede cobrar por meses, pero el asunto es aún más grave por que, además de incumplir las cláusulas del contrato, infringe el Plan de Ajuste y la Ordenanza que regula los precios públicos. Según dichas disposiciones, el precio a pagar por un usuario empadronado por un abono trimestral es de 63,69 euros, y no 90 euros tal y como ofertado la empresa por los meses de enero, febrero y marzo; mientras que el precio para los no empadronados es de 127,38, y no 135 como se ha puesto al cobro.

El concejal del Partido Popular instó al concejal del CDL, Miguel Llorca a revisar lo que dice la Ordenanza y el Plan de Ajuste, antes de pronunciarse sobre la gravedad de estos hechos y “antes de defender a una empresa aunque esté cometiendo ilegalidades”. Denunció que a los usuarios empadronados se le están cobrando 26,31 euros de más, y a los no empadronados, 7,62 euros más de lo que marcan las ordenanzas. Además de este sobreprecio, Medina recordó que se están incumpliendo las cláusulas de la contrata, puesto que los bonos por tres meses sólo se pueden emitir cuando la adjudicación es definitiva y no transitoria, como es el caso. El edil del Partido Popular calificó de “lamentable e impresentable” la gestión realizada por el CDL en torno al Palau d’Esports y le emplazó a no seguir jugando con el tema “porque es un asunto que acabará en los tribunales, porque los pliegos de condiciones y las ordenanzas,-dijo-, están para ser cumplidos”.

Medina también salió al paso de las explicaciones dadas por Miguel Llorca restando importancia al hecho de que la empresa “incumpla la obligación del pliego de cobrar mes a mes y explicando que si hay una nueva adjudicación antes de ese plazo, las dos empresas tendrán que ponerse de acuerdo en el tema económico de las cuotas que ya están pagadas”. El concejal del Partido Popular subrayó que las ordenanzas y los pliegos de condiciones están para ser cumplidos, tanto por el Ayuntamiento como por las empresas “y lo que está ocurriendo en el Palau es responsabilidad directa del señor Llorca”, agregó.

En el escrito remitido esta mañana al alcalde, el Grupo Municipal del Partido Popular denuncia la “manga ancha” de la que, por parte del Gobierno de Agustín Navarro y Gema Amor, parece disfrutar la actual adjudicataria provisional del Palau, y se pide que los informes solicitados a la Secretaría General y los departamentos de Intervención y Tesorería sobre el cumplimiento de las ordenanzas de los precios públicos y de la gestión provisional del Palau, se incluyan y se dé cuentas de los mismos en la próxima Comisión Informativa de Régimen Interior.