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El Ayuntamiento exige al Consell que "liquide la deuda que tiene contraída con el Conservatorio de Música de Benidorm"

El Ayuntamiento exige al Consell que "liquide la deuda que tiene contraída con el Conservatorio de Música de Benidorm"

    El edil de Educación, Rubén Martínez, ha exigido al Consell que liquide la deuda que tiene contraída con el Conservatorio Municipal de Música ‘José Pérez Barceló’, con el fin de “garantizar la supervivencia del centro”. El concejal ha señalado que el Gobierno Valenciano viene arrastrando la deuda con el conservatorio de Benidorm desde el año 2010, a pesar de haber sufrido un importante recorte en las subvenciones que destina precisamente el Consell a la entidad local, que en el último año ha descendido en unos 15.000 euros.

    Así, Martínez ha indicado que el Ayuntamiento solicitó en 2012 a la Generalitat una subvención de 585.000 euros, “coste que consideramos el adecuado para sufragar los gastos del conservatorio teniendo en cuenta el número del alumnado que también procede de otros municipios de alrededor”. Sin embargo, el Consell tan sólo destinó 119.963,44 euros y en 2013 la cuantía de la ayuda volvió a descender a 104.408,74 euros.

    Ante esta situación, Martínez ha anunciado que en el próximo pleno municipal presentará una moción para que todos los grupos municipales se adhieran al acuerdo aprobado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en sesión plenaria y en su junta de portavoces para exigir al Consell, en primer lugar, que abone la deuda que tiene contraída con los diferentes conservatorios de música de los municipios de la Comunidad Valenciana y, en segundo lugar, que se compense mediante un incremento presupuestario las partidas que se han destinado a este fin desde el año 2009 y que han sufrido un descenso en su cuantía de un 73%, pasando de 5,1 millones de euros en 2009 a 1,4 en 2013.

    Martínez ha manifestado su preocupación, ya que con la reforma de la Ley de las Administraciones Locales los conservatorios de música pasarán a ser gestionados por la Generalitat, por lo que asegura que “la situación lejos de solucionarse podría agravarse considerablemente poniendo en peligro la supervivencia de estos centros”.

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