El Pleno acata el Real Decreto del Gobierno Central y renuncia a pagar la extra de Navidad de los funcionarios municipales

El Pleno ha aprobado por unanimidad renunciar al 100% de la paga extraordinaria de los funcionarios municipales, tal y como establece el Real Decreto 20/2012. Así, esta mañana, y en sesión extraordinaria se ha acordado la no disponibilidad de crédito por un importe de 1.448.484,09 euros, equivalente al 100% de la retribución global estimada de la paga extra de Navidad de los empleados municipales.

La propuesta inicial de la Concejalía de Hacienda y Recursos Humanos, ha sido enmendada por la propia concejal, Natalia Guijarro, que finalmente ha tenido que anunciar la renuncia al 100% de la retribución, cuando planteó pagar el 25% correspondiente de la extra a los funcionarios, del 1 de junio al 13 de julio, día en el que se aprobó el Decreto por el Gobierno de España.

Guijarro ha explicado, sin embargo, que los funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm cobrarán en el mes de enero el 50% de la extra de verano, “como contraprestación a la injusticia del Gobierno de Mariano Rajoy”, y añadió que se han visto obligados a paralizar el pago del 25% de la extra de Navidad, por los escritos recibidos en la última semana desde la Subdelegación del Gobierno en Alicante en los que “se amenazaba a los funcionarios de responsabilizarlos directamente por nuestras decisiones políticas”.

La concejala de Recursos Humanos aclaró que “no nos suponían ningún problema las consecuencias legales y políticas que pagar el 25% hubieran acarreado”, y matizó que si no se hubieran recibido “estos escritos amenazantes los funcionarios hubieran cobrado ese 25%”. Sin embargo, Guijarro aseveró que “no estamos dispuestos a permitir que ningún funcionario pague las decisiones políticas” y afirmó que “el Gobierno manipula para ponernos contra las cuerdas y amenaza de culpabilizar a los funcionarios para atarnos de pies y manos”.

Natalia Guijarro ha vuelto hoy a hacer hincapié en que la medida del Gobierno de Mariano Rayoy “es una injusticia, es inconstitucional, al no seguir el artículo en el que se garantiza la no retroactividad de las normas; modifica el Estatuto de los Trabajadores, no sirve para ahorrar y no ayuda a la economía”.