El gobierno municipal pide responsabilidades políticas por la sentencia que obliga a pagar 607.000 euros por la Copa Davis
Si el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ordenaba ayer la apertura de un expediente informativo para clarificar la gestión de un exasesor de la Concejalía de Deportes en la organización y gestión de la Copa Davis de Tenis, celebrada en marzo de 2009; hoy ha sido el portavoz del equipo de gobierno, Conrado Hernández, el que ha informado de que el Ayuntamiento pedirá además responsabilidades políticas por la sentencia de un juzgado de Alicante que condena al Ayuntamiento al pago de 607.000 euros –y que ha sido recurrida- tras la declaración judicial del mencionado asesor, que dio por buenas unas modificaciones de obra para celebrar este evento deportivo sin que constara expediente alguno en el Ayuntamiento.
Hernández ha cuestionado que dicho asesor municipal “hiciera nada sin el visto bueno de un concejal o del propio alcalde”, y ha apuntado hacia una serie de personas que fueron concejales del equipo de gobierno en aquella época, es el caso del ex concejal de Deportes Francisco Saval, el ex concejal de Urbanismo José Ramón González de Zárate, el portavoz del PP Antonio Pérez o el ex alcalde Manuel Pérez Fenoll, sobre los cuales pedirán ahora esas responsabilidades políticas por “mala gestión”.
Una “irresponsabilidad” política, la de permitir que un asesor diera el visto bueno a modificados en el montaje de la pista de la Copa Davis sin notificarlo al gobierno local, que según Hernández se traduce ahora en una sentencia judicial que obliga al pago de 607.000 euros “que ha de abonar el pueblo de Benidorm”.
El portavoz del equipo de gobierno ha mostrado su malestar por el mutismo que se mantiene desde las filas del grupo municipal popular sobre esta sentencia contra el Ayuntamiento, fallo judicial que se suma, ha explicado Hernández, a otros tantos generados por los anteriores gobiernos del PP, con litigios con Edificaciones Castelló (600.000 euros), una tercera modificación presupuestaria de la Vía Parque a cargo de Dragados (2,1 millones de euros), con la anterior empresa que mantenía el Ayuntamiento, Examex (230.000 euros) y por unos terrenos en el centro educativo Lope de Vega (170.000 euros). Una “mala gestión” que se traduce en condenas al Ayuntamiento por la “friolera” de 3,7 millones de euros que “sale del bolsillo de los contribuyentes”, lo que representa un 4% “de todo el presupuesto municipal”.
Una cantidad que de no tener que abonarla el Consistorio por mandato judicial permitiría, ha manifestado Hernández, “11 años de becas escolares; 15 ejercicios completos de inversión en creación de Empleo o el beneficio de 5 años de Bienestar Social”.
Hernández ha dicho asimismo no entender cómo los ex responsables municipales del PP “son capaces de poner un pie en la calle, sacar pecho y querer ser líderes, de nuevo, del Partido Popular” y ha animado a sus militantes a “que les vean la fecha de caducidad, porque algunos de estos políticos están caducados, pero de años”.
