El PP acusa a Navarro de disparar la contratación de abogados y asesores jurídicos externos
Antonio Pérez y Lourdes Caselles insta al gobierno socialista a cuantificar las minutas y los honorarios
El Grupo Municipal del Partido Popular quiere poner coto a la sangría económica que está suponiendo el asesoramiento jurídico externo del gobierno de Agustín Navarro. Los portavoces Antonio Pérez y Lourdes Caselles, han presentado un escrito dirigido al alcalde solicitando, entre otras cosas, que se cuantifiquen las minutas y honorarios totales a abonar a los letrados contratados en cada uno de los procedimientos en los que está inmerso el Ayuntamiento ya sea como parte demandante o como parte demandada, y especificando los letrados y procuradores designados en cada uno de ellos.
El escrito solicita también información sobre la situación procedimental en la que se encuentran cada uno de los procedimientos incoados y las minutas giradas hasta la fecha, por las defensas letradas y las representaciones procesales.
Igualmente se solicita una relación de los letrados designados por el Ayuntamiento para el asesoramiento en otros temas, “especificando,-dice el escrito-, el contrato en virtud del cual se ha hecho la misma, así como su cuantía, resolución y materia para la que se ha contratado tal asesoramiento”. Por último, Antonio Pérez y Lourdes Caselles quieren saber el “número de Técnicos de Administración General, Asesores Jurídicos y Abogados existentes en la plantilla municipal, así como áreas y departamentos a los que se encuentran asignados”.
No es la primera vez que el Grupo Municipal del Partido Popular expresa su preocupación ante el desproporcionado aumento de los gastos en materia de asesoramiento externo y en la contratación de abogados pese a la precaria situación de las arcas municipales. El pasado 12 de diciembre, las ediles Cristina Martínez y Angela Llorca, ya firmaron un escrito dirigido al alcalde en términos parecidos. El gobierno de Navarro no ha respondido hasta el momento a ningunas de las cuestiones que se plantearon entonces como, por ejemplo, si el Ayuntamiento estaba pagando la cuota del Colegio de Abogados a algunos de los abogados que trabajan en el Ayuntamiento y si alguno estaba vinculado a algún contrato laboral. En aquella ocasión, el Grupo Municipal del Partido Popular terminaba instando al alcalde a que sólo se recurriese a la contratación de abogados “cuando fuese estrictamente necesario” y siempre y cuando no pudiesen hacer cargo de la defensa de los intereses municipales, los abogados funcionarios o con contrato laboral.
