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La auditoría sobre la gestión municipal entre los años 2003 a 2009 revela nuevas irregularidades en la Estación de autobuses

La auditoría sobre la gestión municipal entre los años 2003 a 2009 revela nuevas irregularidades en la Estación de autobuses
    El portavoz adjunto, Jaime Llinares, ha aportado hoy nuevos datos con respecto a las irregularidades detectadas por la auditoría llevada a cabo por el Ayuntamiento para evaluar la gestión municipal desarrollada entre los años 2003 a 2009. El también edil de Urbanismo ha informado esta mañana que la auditoría ha sacado a la luz nuevas irregularidades, en este caso sobre la estación de autobuses.

    Llinares ha admitido que los auditores han observado “graves irregularidades” en el contrato de servicio de la estación, así como la falta de documentación, lo que ha calificado de “muy preocupante”. El edil ha indicado que a la vista de las conclusiones de la auditoría “esta misma semana se ejercitarán acciones penales por responsabilidades con relación a esta materia”.

    Asimismo, ha subrayado que la mala gestión en la puesta en marcha de la estación por el anterior equipo de gobierno puede repercutir en el bolsillo de los ciudadanos. El portavoz adjunto ha sostenido que habría que haber resuelto el contrato ante la falta de viabilidad del proyecto de explotación y abrir un nuevo proceso de licitación, que ya fue recogido y reconocido por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que pende de un recurso de casación, “pero que siendo realista –ha mantenido- caben pocas probabilidades de sacar adelante y el resultado de ese litigio con toda probabilidad abrirá otra reclamación patrimonial sobre el Ayuntamiento, por la nefasta gestión del Partido Popular”

    Una explotación de la Estación de Autobuses que desde el inicio, ha recalcado Llinares, “viene empañada por las irregularidades”. Así, ha explicado que el actual equipo de gobierno reclamó en su día desde la oposición diversos documentos sobre la Estación, papeles a los que no tuvieron acceso en su momento. Documentación del contrato original y de los diversos modificados que, ha asegurado Llinares, “es incompleta”, según han constatado los auditores.

    “La adjudicación del contrato se basó en aspectos totalmente inciertos y no tuvo en cuenta la regulación vigente sobre ordenación del transporte terrestre y cabe afirmar que –ha dicho- que la adjudicación del contrato de gestión del servicio y construcción y explotación se realizó en virtud de una valoración de criterios de adjudicación calificadas de poco realistas en cuanto a las condiciones fácticas y poco beneficiosas para el interés público”.

    El equipo de gobierno seguirá informando en próximos días sobre los nuevos resultados que arroje el primer borrador de la auditoría municipal.

     

     

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