La auditoría sobre la gestión municipal entre los años 2003 a 2009 arroja posibles irregularidades administrativas e ilegalidad en la tramitación de expedientes
La portavoz del equipo de gobierno, Natalia Guijarro, ha destacado que la mayoría de expedientes a nivel de Contratación, Personal o Urbanismo “no se adecuan a la legalidad vigente en aquel periodo ni a la legalidad actual”. Así, las primeras conclusiones generales, ha explicado, reflejan que “no existe una planificación previa en las actividades contractuales a realizar, las propuestas para tramitar los expedientes no están suficientemente documentadas y en algún caso ni siquiera existen, como tampoco existe un control por parte de Contratación de ningún tipo de expediente y los suministros que reciben los departamentos proponentes no recogen firmas de aceptación”.
Unas irregularidades, ha apuntado el edil de Urbanismo, Jaime Llinares, que “fueron en su momento permitidas por Manuel Pérez Fenoll y consentidas por Gema Amor”.
Llinares ha ido más allá al asegurar que la infracción al ordenamiento jurídico, de demostrarse, “genera responsabilidades y reclamaciones millonarias a la administración, de las que habrá que pedir responsabilidades individuales y, aparte de esto, si la infracción a la legalidad es de una entidad tal que supera las infracciones administrativas, estaríamos hablando de conductas criminales en el Ayuntamiento”.
Llinares se ha referido a “un nuevo ’Palma Arena’ en Benidorm”, al avanzar datos relevantes sobre “responsabilidades individuales y colectivas” en la construcción del Palacio de Deportes. En este caso, el responsable de Urbanismo ha relatado que el expediente de contratación 213/2002 Contrato de obra del Palacio de Deportes, según recoge la auditoría, parte de un informe de necesidad de esta instalación firmada “por el entonces encargado de Deporte escolar y responsable del negociado de Deportes, y no así por los arquitectos municipales, ni por los ingenieros o el área de Economía”.
Además, ha indicado que en este expediente “la documentación es confusa” y a la hora de adjudicarla “la Mesa de Contratación eligió a la empresa que mayor puntuación consiguió, para luego, en Pleno, en contra de los criterios de la Mesa, adjudicarla a otra empresa”. Lo más llamativo de la auditoría, ha subrayado Llinares, ha sido el sobrecoste de dicha infraestructura, que pasó de los 9,3 millones de euros iniciales a una inversión final por encima de los 22 millones, “alcanzando un encarecimiento de la obra del 136,41 por ciento”.
La concejala de Contratación, Mariola Fluviá, ha especificado, por su parte, que para hacer más transparentes las gestiones entre el Ayuntamiento y los auditores se llevó a cabo un minucioso listado de documentos existentes para cada expediente, constatando de este modo los papeles conservados de cada acción desarrollada entre el 2003 y el 2009 y por tanto “la posible falta de documento en cada expediente”, documento que “podrían haber desaparecido”. Al respecto, el equipo de gobierno ha apuntado que los principales “interesados” en que ciertos documentos no existan “no son los funcionarios o los técnicos, sino los políticos, que podrían verse comprometidos”.
Llinares ha comentado que en próximas fechas recibirán nuevos resultados de la auditoría que recogerían datos esclarecedores sobre las gestiones municipales del anterior equipo del gobierno, del Partido Popular, en el desarrollo de otras infraestructuras tan relevantes como son la Estación de Autobuses o el nuevo edificio consistorial. “Hablamos –ha asegurado- de expedientes que no han prescrito y que podrían arrojar nuevas infracciones legales y penales”.
