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Los juzgados declaran “nulo de pleno derecho” la suspensión de la reparcelación del Murtal mientras que los urbanizadores reclaman más de 74 millones por su paralización

Los juzgados declaran “nulo de pleno derecho” la suspensión de la reparcelación del Murtal mientras que los urbanizadores reclaman más de 74 millones por su paralización
    El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante notificó este lunes al Ayuntamiento de la ciudad, en sentencia de 26 de enero de 2011, la declaración de “nulo de pleno derecho” del decreto de 23 de julio de 2009, que emanaba del ex concejal de Urbanismo del Partido Popular José Ramón González de Zárate, por el que se suspendía el procedimiento de reparcelación del sector PAU-1 Murtal, ha informado esta mañana el responsable de Urbanismo, Jaime Llinares.

    Por otro lado, a esta resolución se suma, en el día de hoy, una notificación relativa a la reclamación interpuesta por el promotor Francisco Gómez, que solicitaba por vía administrativa 60 millones de euros al Ayuntamiento por dicha paralización en el desarrollo del Plan Parcial PAU 1 Murtal, que hoy “son reclamaciones judiciales”.

    Un recurso contencioso-administrativo que implica -ha añadido- una “responsabilidad patrimonial por la parálisis en el proceso de reparcelación, ahora nulo de pleno derecho”. En este punto, Jaime Llinares ha indicado que “hay cuatro abogados internos y externos al Consistorio “que están estudiando las acciones judiciales que hay que emprender en defensa de los intereses públicos, sin descartar la búsqueda de responsabilidades personales por el descalabro aquí acontecido, en las personas de Pérez Fenoll y González de Zárate”. En el caso de que prosperara esta reclamación –ha manifestado- “supondría la quiebra absoluta del Ayuntamiento y un enorme perjuicio para los contribuyentes”.

    El concejal de Urbanismo ha explicado, además, que a todo esto se suma, en el expediente judicial antes citado sobre la nulidad de pleno derecho del decreto de 23 de julio de 2009, la acción del ex alcalde Manuel Pérez Fenoll, que “apartó a todos los funcionarios del Ayuntamiento de esta causa; que a la vista de informes contradictorios, unos internos de funcionarios del Ayuntamiento, frente a otro externo, el señor Pérez Fenoll y el señor González de Zárate se decidieron por el externo; que el señor Pérez Fenoll revocó sus propios decretos; que no defendió a los funcionarios municipales y que apartó de este asunto al secretario de la corporación municipal, que había informado como ahora resuelve el juez”.

    A estas informaciones el concejal de Urbanismo ha agregado otras no menos relevantes, como que en el expediente judicial hay resoluciones tachadas; o que “hay resoluciones firmadas por funcionarios y no por el señor Pérez Fenoll”. A todo esto, por escrito de cinco días anteriores a la moción de censura de 22 de septiembre de 2009, el ex concejal de Urbanismo “le pidió ayuda y claridad de ideas al secretario del Ayuntamiento, que ya había sido apartado del procedimiento por el señor Pérez Fenoll, después incluso de haber suspendido la reparcelación que él mismo había decretado”.

    A este recurso se suma otro nuevo, el ‘1009/2010’, del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, en el que se reclaman “otros 14 millones de euros por el mismo asunto”; a los que se suman otros siete contenciosos-administrativos “por la nefasta gestión del Partido Popular, única y exclusivamente en el suelo de El Murtal”.

    Pero aún hay más. Llinares ha hecho referencia también al recurso ganado el 15 de julio de 2009, ejercitado por él mismo “para salvar el patrimonio municipal de suelo”.

    Unos datos que evidencian, ha resumido Jaime Llinares, que “nos han metido a todos los ciudadanos en un charco de incalculables consecuencias, de casi imposible salvación y en un plan en el que los intereses municipales y públicos giran alrededor de 9 millones de euros de mejoras”, que tal y como ha comentado Llinares, “el agente urbanizador tendría que haber prestado ya; como tampoco se construyó medio depósito de agua para esa zona, que está siendo reclamado judicialmente”. Y en cuanto al 10% de aprovechamiento patrimonial municipal de dicho suelo, el edil ha constatado que “judicialmente ha sido reconocido, pero no satisfecho”.

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