El interventor municipal defiende la realización de la auditoria
Natalia Guijarro culpó al Partido Popular de la polémica, ya que según sus palabras “es una guerra inventada por el Partido Popular, con la intención de enfrentar al alcalde y al interventor, creo que para disimular los problemas que tienen ellos mismos en un despacho en el que no se hablan ni la mitad”, declaró Guijarro, refiriéndose a los miembros de la oposición.
La propia portavoz, y a petición del interventor municipal, leyó el comunicado, realizado por la Intervención municipal en el que se hace constar que dicho departamento es totalmente ajeno a la polémica planteada. En concreto, se explica que el departamento de Intervención nunca se ha mostrado en desacuerdo con la realización de la auditoría y que lo único que ha hecho es controlar que se cumplan los requisitos del Tribunal de Cuentas.
Según consta en el escrito, el 24 de noviembre de 2010 el departamento de Contratación remitió a Intervención para su fiscalización previa el expediente de “Auditoría de cumplimiento de legalidad”. En relación a dicho expediente, el 7 de diciembre de 2010, se emitió un informe de fiscalización previa en el que se ponían de manifiesto las correcciones que se debían introducir en el pliego remitido para adaptarlo al Informe del Tribunal de Cuentas de 29 de octubre de 2009, remarcándose en el texto que todo el informe de fiscalización gira entorno a los requisitos exigidos por el Tribunal de Cuentas, citándose por tres veces y que “sin embargo y significativamente no figura ninguna alusión al mismo en las notas de prensa aparecidas en los últimos días”, según dice textualmente el comunicado.
Y el escrito sigue explicando que el 13 de diciembre de 2010, se recibió en Intervención una nueva petición de fiscalización previa respecto a un nuevo expediente bajo el título de “Auditoria de gestión y operativa”, que se suponía sustituía al primero. Según Intervención, el informe de fiscalización previo respecto a este nuevo expediente se emitió en fecha 28 de diciembre de 2010, y se basaba en la falta de consignación presupuestaria en dicha fecha y la necesidad de esperar al nuevo ejercicio presupuestario para su tramitación. El interventor explica además, que éste es el informe de fiscalización previa que debe constar en el expediente de contratación tramitado, porque es el referido al último pliego remitido a fiscalización.
Por otro lado, y como contestación a las declaraciones efectuadas por el concejal de la oposición, Francisco Saval, en las que se denunciaba que el presupuesto municipal no estuviera aprobado, la portavoz y concejal de Hacienda, Natalia Guijarro, explicó que “en parte, por no decir toda la culpa de que los presupuestos no estén aprobados la tiene la herencia del Partido Popular” y añadió que “gracias a los contratos mal negociados firmados por el PP y que sobrepagan a las concesionarias, es muy difícil cuadrar el presupuesto porque sólo en este concepto, sentencias judiciales del PP, incluso de la época de Zaplana y los gastos de personal se va todo lo que tenemos”.
Según la portavoz el 60% del capítulo segundo de los presupuestos son contratos obligatorios firmados por el Partido Popular y un 20% son sentencias judiciales del PP, por lo que no queda margen para inversiones y añadió “que tendremos que realizar un gran esfuerzo para gasto voluntario del que saldrán becas, ayudas y actividades interesantes y necesarias para el municipio, que no vamos a dejar de ofrecer a los ciudadanos”.
Natalia Guijarro añadió además, que se deben asumir años en los que el PP inflaba los ingresos y que no se han hecho efectivos como “los 18 millones de euros en el ‘estupendo’ plan de saneamiento del Sr. Saval”. “Creo que Paco Saval no ve la realidad de la situación, no la veía cuando era conejal y no la ve tampoco ahora, que aprenda primero cuantos son 2 más 2 y luego que de lecciones a otros”.
Además, Francisco Saval, acusó al equipo de Gobierno de haberse gastado, en lo que va de año, un 20% del presupuesto de 2011 y que el gasto en personal superará los 39 millones de euros, a lo que la concejala de Hacienda respondió que “no se de donde se ha podido sacar este 20% y en que se supone que lo hemos gastado ya que no hemos aceptado ningún gasto” y aseguró que el gasto de personal “no sobrepasará los 36 millones de euros y será el que marque la ley”.
