El Delegado del Consell se reúne con la Alcaldesa de Aspe para solucionar la problemática de la Plaza Mayor
En la reunión Císcar ha señalado que desde los servicios jurídicos, tanto de la Generalitat Valenciana como la asesoría jurídica de Patrimonio se está trabajando conjuntamente y estudiando posibilidades de actuación para que dicha subvención no se pierda, así como para poder solucionar los problemas que ha acarreado la ilegalidad de las actuaciones que se hicieron con respecto a la Plaza Mayor de Aspe.
Las obras de rehabilitación de la Plaza Mayor se acogieron dentro del “Plan de Mejora de Municipios de la Comunidad Valenciana” de la Consellería de Infraestructruras y Transporte de 21 de septiembre de 2005, que aprobaba la concesión de subvenciones en materia de arquitectura.
El Ayuntamiento de Aspe, gobernado por el PSOE en dicha fecha, se acogió al mentado Plan para la Rehabilitación y Mejora de la Plaza Mayor. Si bien es cierto, que al localizarse la Plaza en un área de Protección Arqueológica, “las actuaciones tendrían que ser objeto de informe y autorización por parte de la Consellería de Cultura”, como establece la normativa vigente. Así, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano establece que “será la Consellería competente en materia de cultura la que determinará la necesidad o no de una actuación arqueológica previa, a la vista del estudio previo sobre los efectos que las intervenciones pudieran causar, así como las condiciones a que deba ajustarse la obra, intervención o actividad a realizar, a través de la correspondiente autorización administrativa.”
El presupuesto de ejecución de la obra ascendió a un total de 660.739 €, de los que 450.000 € iban a ser subvencionados por la Generalitat Valenciana, distribuyendo esta subvención en 5 anualidades de 2006 al 2010.
Sin embargo, no se siguió el procedimiento legalmente previsto pues determinadas actuaciones no contaron con la autorización pertinente y obligatoria.
El 9 de enero de 2006 se firmó el acta de replanteo de la obra, por su parte el 15 de febrero del citado año el proyecto de seguimiento arqueológico presentado ante la Dirección Territorial fue informado desfavorablemente por considerar que el proyecto de intervención arqueológica no se ajustaba al tipo de obra a ejecutar.
Aún así, el Equipo de Gobierno anterior inició las obras sin haberse obtenido la citada Resolución de la Dirección General de Patrimonio. Ello trajo el consiguiente escrito de la Dirección Territorial de Cultura por el que se ordenaba la inmediata paralización de la obra con carácter cautelar.
Por su parte, tanto la oficina técnica municipal como los servicios jurídicos municipales del Ayuntamiento de Aspe emitieron sendos informes considerando que en base a la orden de paralización cautelar se debían paralizar todas aquellas actuaciones, evacuándose estudios complementarios sobre la real afección o no al patrimonio arqueológico.
Sin embargo, dicha paralización no llegó a producirse por orden verbal del anterior Alcalde.
Las obras fueron entregadas en julio de 2006, notificándose por la Dirección Territorial de Cultura que: “La actuación arqueológica a realizar no contaba con la pertinente autorización, al haber sido requerido el proyecto de modificación, y puesto que a pesar de ello se ha procedido a ejecutar las obras. En consecuencia se han desarrollado obras sin las cautelas arqueológicas oportunas lo que ha determinado un incumplimiento de la legalidad vigente de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.”
La consecuencia de ello es que hasta aquí no se ha emitido Resolución por parte de Cultura, lo que es preceptivo a la hora de que se abone al Consistorio la subvención concedida, por lo que todavía no se ha abonado la subvención y ello está produciendo hoy un grave desajuste en las cuentas municipales, ya que el Ayuntamiento abonó al contratista el importe total de las obras.
Císcar, ha adelantado que a través de un informe jurídico de la Abogacía se han puesto sobre la mesa dos opciones o vías a seguir, si bien ahora toca profundizar en la conveniencia de una y otra y los siguientes pasos pertinentes, por lo que el trabajo todavía no ha acabado.
Para la Alcaldesa de Aspe, Nieves Martínez, la posibilidad de pérdida de dicha subvención no sólo implica un gravísimo daño económico a las arcas municipales, sino la tristeza que le produce como ciudadana aspense que la Plaza Mayor, lugar tan emblemático y querido de nuestro pueblo, quede archivada en un cajón como una obra ilegal.
