Asociación Transparencia considera “ridículo” cambiar de nombre al imputado

Como anunció en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno acaba de aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que limita la instrucción judicial a 6 y 18 meses y sustituye el término imputado por "investigado" en la fase de instrucción, que pasará a denominarse "encausado" tras el auto formal de acusación. Según Asociación Transparencia “igualmente habrá que pedir que no entren en listas los investigados”.

Desde Asociación Transparencia, Juan Carlos Galindo como presidente valora de “ridículas” las últimas reformas de la Ley. “Si las reformas pretenden luchar contra la corrupción por el simple cambio de nombre, nos parece ridículo el querer ponerle nombres de grado para el mismo delito que han cometido, sólo por denominar el puesto de la cola del proceso”.

Juan Carlos Galindo, recuerda la proximidad de elecciones y explica que “el cambio de nombres parece más una estrategia electoral que una medida real para luchar contra la corrupción y facilitar los procedimientos judiciales. La clave es una buena admisión y calificación inicial de las denuncias, no todas valen”.

Para el presidente de la Asociación Transparencia “la presión social por no permitir llevar imputados en listas electorales, parece ser el motivo principal de esta reforma que da un paso más a la permisibilidad para la presentación de candidaturas; algo parecido como la decisión judicial de adjetivar al hoy ya candidato a la Generalidad Valenciana, Alberto Fabra, al ser nombrado testigo y no imputado en el caso de la Formula 1 (Valmor Sport)”.

Galindo ha recordado que “el cese cautelar hasta la resolución judicial es una de las medidas que promueve la Asociación Transparencia y que vendría a regular estas situaciones, una medida que en países anglosajones ya se viene poniendo en práctica”.