El PP construyó el Jardín de la Argentina sobre una parcela que no era de titularidad municipal
El parque fue construido en 2002 con una inversión de 534.000 euros que fueron financiados a través de un convenio urbanístico con el Grupo Ballester. Además, Miguel Ortiz construyó el jardín sin tener en cuenta que existía un convenio con la mercantil Almudí para adquirirlo y urbanizarlo.
La sesión plenaria celebrada el pasado jueves, aprobaba el inicio del expediente de fijación de un precio justo en la finca propiedad de Almudi Altea SA, aprobado con los votos favorables de los grupos del equipo de gobierno (Compromís, PSPV-PSOE y Altea amb Trellat) y CIPAL y la abstención del PP. En este sentido, Imma Orozco, concejala de Urbanismo, explicaba la situación de una de las dos parcelas donde se ubica el conocido como Jardín de la Argentina que, ''a raíz de una sentencia deberá ser restablecida, en su estado original, a la empresa propietaria. La razón es que el gobierno de Miguel Ortiz construyó el parque sobre la parcela sin tener en cuenta que no era de titularidad municipal".
Orozco exponía que "el parque fue construido en 2002 con una inversión de 534.000 euros que fueron financiados a través de un convenio urbanístico con el Grupo Ballester. Aparte de la cuestionable legalidad de ese convenio, el problema es que Miguel Ortiz construyó el jardín sin tener en cuenta que existía un convenio con la mercantil Almudí para adquirirlo y urbanizarlo. Inexplicablemente, este convenio -que incluía las dos parcelas que conforman el parque- nunca fue legalizado por el Ayuntamiento y, por tanto, la parcela era privada en el momento de ocuparla con esta dotación".
La concejala de Urbanismo considera una imprudencia la actuación del gobierno de la época que ha desembocado en una sentencia que obliga a devolver la parcela en su estado original a sus propietarios. Además, el hecho de que la parcela esté calificada como zona verde de suelo dotacional implica que los propietarios podrían solicitar de inmediato su expropiación. Ante esa situación, explica, "empezamos una negociación con la promotora para llegar a un acuerdo sobre el precio. Como no ha sido así -la mercantil reclama alrededor de 700.000 euros mientras el Ayuntamiento la valora en unos 87.000-, se nos pide que iniciemos el procedimiento para la fijación del justiprecio a través del Jurado de Expropiación.
Cuando se establezca el justiprecio el Ayuntamiento deberá decidir si puede hacer frente a ese gasto porque, de lo contrario, deberá devolver la parcela a sus propietarios. Esa situación podría verse agravada en el momento en que los propietarios de la parcela que completa el jardín vayan a los tribunales en los mismos términos que la mercantil Almudi SA.
Finalmente, Imma Orozco lamentaba que ''de nuevo, la irresponsabilidad en la gestión de Miguel Ortiz está causando un agravio al pueblo de Altea por el simple hecho de no haber legalizado un convenio a través del cual se adquiría y urbanizaba una zona verde sin coste para el Ayuntamiento. Esperábamos que el PP asumiera responsabilidades en este asunto después de que un tribunal dictara esta sentencia pero, nuevamente, hemos tenido que escuchar a un Miguel Ortiz tirando balones fuera para justificar un agravio para el pueblo de Altea injustificable".
