El Pleno aprueba la modificación de la Ordenanza de Zonas de Uso Público para conciliar el interés de los establecimientos hosteleros con el derecho de los peatones

Durante el Pleno del Ayuntamiento de esta mañana se ha aprobado una moción para modificar la Ordenanza de usos de zonas de uso público (mobiliario de restauración y hostelería), mediante la cual se incluye en dicha ordenanza un cuadro de sanciones.

El concejal del Área Económica, Pedro Barber, ha señalado que “desde el equipo de gobierno tratamos de ser sensibles con la necesidad de los negocios de hostelería de tener más disponibilidad de espacio para intentar afrontar la situación económica”. “Pero, a la vez, debemos ser sensibles con la necesidad de respetar la movilidad de los transeúntes, el descanso de los vecinos y un respeto por las normas y las autorizaciones concedidas”, ha destacado.

Asimismo, el edil popular ha asegurado que “ni se trata de sancionar por sancionar, ni se trata de recaudar por recaudar, sino que se trata de establecer un sistema ágil para responder ante infracciones de las normas y que sea disuasorio para evitar futuras infracciones”. Barber también ha hecho hincapié en que la ordenanza ya existente recoge una reglamentación adicional sobre materiales, colores y otra serie de obligaciones, “pero en una época como la actual, es difícil imponer materiales o colores del mobiliario, que implicaría una inversión que, con toda probabilidad, llevaría a la imposibilidad de cumplimiento”.

De este modo, el cuadro sancionador quedaría establecido de la siguiente manera: las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 400 euros; las graves hasta 800 euros, y las muy graves hasta 1.200. Hasta la actualidad, con la ordenanza vigente hasta este momento, las infracciones leves ascendían hasta 750 euros, las graves hasta 1.500, y las muy graves hasta 3.000 euros; con lo que la rebaja que se ha aprobado hoy es muy considerable, con respecto a lo vigente hasta la modificación de hoy.

Entre los ejemplos de sanciones se encuentran, entre otras: ocupar la vía pública excediendo hasta el 3 el número de mesas autorizadas, o excediendo en un 20% la superficie autorizada en la licencia (Leve, 200 euros); exceso de hasta una hora del horario establecido (Leve, 200 euros); ocupación de la banda peatonal o carril bici de forma parcial (Grave, 600 euros); ejercicio de la actividad sin la preceptiva licencia municipal (Muy Grave, 1.000 euros).

Convenio con Callosa d’en Sarrià
Por otra parte, en la reunión plenaria de hoy también se ha informado de que el Ayuntamiento de Altea firmará en el próximo mes un convenio con el Ayuntamiento de Callosa d’En Sarriá, por el cual Altea pasará a hacerse cargo del servicio de distribución de agua potable en la urbanización Santa Clara. Durante el mes de junio se facilitará a los vecinos toda la información correspondiente para que puedan cumplimentarla y regularizar su situación. De este modo, Altea suministrará el agua al precio que fije el Gabinete Técnico de la Generalitat, mientras que el Ayuntamiento de Callosa distribuirá el agua en alta. Tal y como ha remarcado Pedro Barber, “con esta iniciativa, se regulariza una situación de inseguridad en la que se encontraban los vecinos desde el año 2010”.