El Ayuntamiento de Almussafes solicita a la Conselleria el mantenimiento de todas las competencias delegadas o distintas de las propias que brinda a sus vecinos

El hecho de la cifra de población de la localidad de Almussafes en ningún momento haya superado los 10.000 habitantes no ha impedido que el ayuntamiento haya asumido, año tras año, una gran cantidad de competencias distintas de las propias o delegadas de otras administraciones. Tanto los servicios municipales como las políticas activas en materia de educación, bienestar social, juventud o empleo, entre otras, han sido una constante y todos los grupos municipales con representación en el ayuntamiento quieren que lo continúen siendo. Por ello, durante la sesión plenaria celebrada ayer jueves día 6, se aprobó por unanimidad la propuesta de la Alcaldía en la que se manifiesta esta voluntad política y se le solicita a la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana un informe sobre la inexistencia de duplicidad o solapamiento de competencias que impidan la prestación los citados servicios, de acuerdo con la Ley del 27 de diciembre del 2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La entrada en vigor de la Ley 27/20 13, de 27 de diciembre, ha planteado un doble reto a los responsables municipales. Por un lado, se les obliga a revisar la actual estructura municipal y los servicios que se pueden prestar de acuerdo con el ámbito posible de actuación que delimita el nuevo marco competencial, y, por otro se enfrentan a la dicotomía derivada de la obligación de cumplir la Ley, sin dejar de mantener los compromisos adquiridos con la ciudadanía, todo ello sin merma de la calidad de los servicios que se vienen prestando por los Ayuntamientos.

En el municipio de Almussafes la problemática todavía es mayor, puesto que pese a tener censados en torno a 8.700 habitantes, las políticas y servicios municipales existentes son comparables a localidades que le triplican en número de vecinos, como consecuencia de su elevado presupuesto. “Llevamos muchos años demostrando el compromiso que mantenemos con nuestra ciudadanía, asumiendo y desarrollando una gran cantidad de ámbitos competenciales distintos de los propios, que ahora peligran con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, argumenta el alcalde, Albert Girona. De hecho, la nueva normativa suprime el artículo 28 de la Ley de Bases y consiguientemente desaparecen las llamadas competencias impropias, es decir, aquellas competencias no dotadas de una cobertura jurídica expresa que los entes locales, y en especial Almussafes, han venido prestando desde la responsabilidad de dar un buen servicio y de calidad a los vecinos, todo ello en aras y en defensa de los intereses locales.

La consecuencia práctica de esta eliminación es que se quedan sin cobertura legal y económica un sinfín de actividades y servicios en materia de empleo, servicios sociales, complementarios de educación, recogida de residuos o mujer, entre otros muchos, que han tenido implantación en nuestro ayuntamiento en la medida en que han sido demandados por los vecinos, y, en algunos casos, a través del sistema de convenios con la Generalitat Valenciana, sin olvidar la actividad de fomento en materias que quedan fuera de la competencia municipal.

Además, el artículo 7 de la nueva legislación establece que lasEntidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

Pese a todo ello, hasta la fecha no se ha dictado circular ni instrucción alguna por la Generalitat Valenciana ni por el Estado en orden a la clarificación de las “competencias impropias” que los ayuntamientos veníamos prestando en base al art. 28 de la LRBRL.

Ante la situación planteada, el Ayuntamiento de Almussafes le pide a la Generalitat Valenciana un informe que no sólo clarifique las posibilidades de actuación y el mantenimiento del nivel de calidad de los servicios que disfrutan los vecinos, sino que también deje constancia de la inexistencia de duplicidad o solapamiento de competencias y por tanto la posibilidad del ejercicio por parte del ayuntamiento de las siguientes actividades y servicios: el Centro Municipal de Formación de Personas Adultas, las políticas e iniciativas activas de Empleo de la Agencia de Desarrollo Local y el Plan Estratégico de Fomento del Empleo y los programas de Mujer, Juventud, Tercera Edad y Tiempo Libre. En el mismo sentido, el consistorio municipal quiere continuar sufragando los libros de texto y el transporte escolar al instituto, además de mantener las becas de comedor, de guardería y de idiomas.

Un ayuntamiento saneado

“Con el acuerdo del pleno de ayer jueves dejamos constancia de nuestra firme voluntad y facultad económica para continuar gestionando estos asuntos y servicios públicos denominados impropios con el mismo nivel de calidad, puesto que cumplimos con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, mantenemos una estructura organizativa racionalizada y en ningún caso ponen en riesgo el conjunto de la Hacienda municipal”, destaca Girona.

La situación económica del Ayuntamiento en la actualidad cumple con todos los parámetros exigidos por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como con los plazos de pago en la Ley de Morosidad. Prueba de ello es que el consistorio municipal no se ha acogido a ninguno de los planes de pago a acreedores aprobados por el Gobierno de la Nación, puesto que su ratio de deuda sobre recursos ordinarios se sitúa en el 2013 por debajo del 7%.

“El estamento político más cercano al ciudadano es el ayuntamiento y el nuestro es ejemplar en cuanto al nivel de gestión, por lo que solicitamos que nos den más autonomía”, concluye la máxima autoridad municipal.