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El Ayuntamiento de Almussafes rechaza que sus vecinos paguen más IBI

El Ayuntamiento de Almussafes rechaza que sus vecinos paguen más IBI
  • Los tres grupos municipales aprueban una moción pionera contra la subida del 4% del IBI, impuesta a Almussafes en el RD Ley del Gobierno de la Nación

  • Almussafes quiere movilizar a más pueblos a través de la FEMP para que se plantee un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional

El equipo de gobierno, BLOC-PP, así como el partido de la oposición PSOE, del Consistorio de Almussafes han aunado fuerzas y han presentado una moción conjunta para adoptar medidas en defensa de la autonomía local frente a las medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria, dictadas por el Gobierno de la Nación el pasado 30 de diciembre, que obligan al incremento del 4% del impuesto de bienes inmuebles de los vecinos de la población. El acuerdo, aprobado por unanimidad, durante la sesión plenaria ordinaria celebrada ayer jueves, contempla el planteamiento ante el Tribunal Constitucional de un conflicto de competencia frente al RDL 20/2011, de 30 de diciembre, por la vulneración de la autonomía municipal y para ello solicita la asistencia de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Tal y como señalan los responsables municipales en la moción, la Constitución Española garantiza el principio de Autonomía Municipal, así como el de suficiencia financiera. Ambos principios no son contradictorios, sino complementarios y en ningún caso incompatibles con el principio de estabilidad presupuestaria y autonomía de los municipios para la concreción de su política fiscal.

“En la actualidad, en el municipio de Almussafes no es necesario el incremento de la presión impositiva para el cumplimiento de los compromisos de pago con acreedores y de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos por el Gobierno de la Nación en el marco de la Unión Europea”, argumenta el alcalde y concejal de Hacienda, Albert Girona.

De hecho, el Ayuntamiento de Almussafes siempre ha elaborado los preceptivos planes de reequilibrio económico-financiero en los términos establecidos por la legislación vigente, cumplimentado así todas y cada una de sus obligaciones legales en materia de cumplimiento de los objetivos fijados por la Nación en materia de estabilidad presupuestaria. En concreto, el último plan económico-financiero de reequilibrio presupuestario elaborado fue el plan 2008-2010, como consecuencia de la inestabilidad presupuestaria que reflejaban los presupuestos aprobados en el ejercicio 2008. Dicho reequilibrio se consiguió en la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2010, consiguiendo un importante superávit primario de más de ochocientos mil euros.

“Tanto los presupuestos para 2011 como los del presente año 2012 han sido aprobados cumpliendo los parámetros de estabilidad presupuestaria establecidos por la normativa vigente”, explica la máxima autoridad municipal. Y de los avances de la liquidación para 2011 se deduce que se obtendrá superávit primario y, por tanto, se conseguirá la estabilidad presupuestaria en los términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Asimismo y en cumplimiento del necesario principio de austeridad, el stock de deuda se ha reducido en alrededor de un millón de euros en los ejercicios 2010-2011 y disminuirá en aproximadamente 0’7 millones de euros en el ejercicio 2012, siendo previsible que al cierre del presente ejercicio, el citado stock se sitúe alrededor del 75 por ciento de los recursos ordinarios que se prevé liquidar en dicho ejercicio presupuestario.

Entre los argumentos que se esgrimen en la moción, también se detalla que las modificaciones de las Ordenanzas fiscales para 2012, entre ellas el Impuesto sobre actividades económicas y el Impuesto sobre bienes inmuebles, se han realizado teniendo en cuenta la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria para dicho ejercicio, así como garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a acreedores. “Obviamente – destaca Girona - dicho acuerdo se adoptó para el ejercicio de nuestra autonomía financiera, para la gestión de nuestros propios intereses y de decisión sobre nuestros gastos e ingresos, en el marco de la Ley, bajo nuestra propia responsabilidad y en beneficio de nuestros vecinos y vecinas”.

El Consistorio de Almussafes no ha tenido en los últimos años tensiones importantes de Tesorería y ha cumplido sus compromisos de pago, según se deduce de las fiscalizaciones realizadas en los últimos ejercicios en una media de alrededor de 60 días. Además, el objetivo para el ejercicio 2012 es el pago a acreedores en el plazo de 40 días, tal y como establece la Ley de Morosidad. “Los ingresos previstos en el presupuesto para 2012 son suficientes para cumplir todos estos objetivos, no siendo necesario incrementar un 4% el IBI en nuestra localidad”, declara el alcalde.

La problemática principal radica en que el Real Decreto-Ley del Gobierno de la Nación no diferencia entre las situaciones de los diversos municipios, tratando a todos por igual, independientemente del cumplimiento con sus compromisos de estabilidad y pago con sus acreedores. En este sentido, la citada normativa supone una restricción a la autonomía local reconocida en la Constitución Española y en la Carta Europea de Autonomía Local, impidiendo que el Ayuntamiento haga uso de su potestad tributaria en el marco y dentro de los límites de la Ley, además de prescindir de la consulta previa y audiencia a las Corporaciones Locales (FEMP) y a las Comunidades Autónomas.

Por todo ello, los tres grupos municipales de Almussafes consideran que se ha producido una vulneración de la autonomía municipal y, dado que el Ayuntamiento de Almussafes, por sí mismo, no tiene la legitimación activa necesaria para plantear el conflicto, solicita la asistencia de la FEMP y le concede un apoderamiento genérico para que aúne voluntades entre los municipios y actúe en nombre de los entes locales con el objetivo expreso de tramitar la solicitud de dictamen ante el Consejo de Estado u órganos consultivos autonómicos, redactar el escrito, llevar a cabo todas las actividades preparatorias y actuar a través de sus letrados en la dirección del conflicto de competencia frente al RDL 20/2011, de 30 de diciembre, por la vulneración de la autonomía municipal, que se pretende plantear ante el Tribunal Constitucional. “Con este RDL, el Gobierno de la Nación le ha puesto un parche para dos años al verdadero problema que sufren nuestros ayuntamientos desde hace muchos años y que no es otro que la inestabilidad en cuanto a financiación”, concluye Girona.

Alternativamente a esta medida, el Consistorio de Almussafes se compromete formalmente ante la ciudadanía a que los mayores ingresos que se deriven de la aplicación del Real Decreto-Ley, por el concepto de IBI, se destinen al fomento de empleo en el municipio. A estos efectos, desde la Agencia de Desarrollo Local se van a iniciar los estudios necesarios para elaborar un Plan Estratégico para el Fomento del Empleo en la localidad.

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