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El gobierno socialista de Almenara niega al PP las facturas del abogado contratado de “manera fraudulenta”

El gobierno socialista de Almenara niega al PP las facturas del abogado contratado de “manera fraudulenta”

    La portavoz del Partido Popular de Almenara, Alicia Bañuls, ha denunciado hoy que el gobierno socialista de la localidad niega al PP las facturas del abogado contratado de “manera fraudulenta” por el Ayuntamiento.

    Bañuls ha explicado que en el pasado pleno municipal el Grupo Popular reclamó “sin éxito” la relación de trabajos prestados por el letrado desde el 2011, fecha en que comenzó a trabajar para el consistorio, hasta que en septiembre de este año y como consecuencia de la denuncia del PP, el Ayuntamiento anuló el procedimiento y la prórroga del contrato por irregularidades.

    La edil del PP, que ha explicado que entre las peticiones de los populares está saber “cuánto dinero ha facturado el asesor jurídico y en concepto de qué” durante los más de cuatro años de trabajo al servicio del equipo de gobierno, ha señalado que “este silencio y esta falta de transparencia no hace más que evidenciar el miedo de la alcaldesa a seguir ahondando en la cuestión para evitar destapar su modus operandi para contratar a personal de su confianza”.

    Cabe recordar que el contrato del abogado se aprobó en una Junta de Gobierno a espaldas de la secretaria general, sin contar, por tanto, con informe favorable y por un importe mayor de lo que esta previsto en la ley para dichos contratos. Asimismo, la denuncia del PP además de paralizar esta contratación consiguió abortar también el plan del PSPV para prorrogar de manera ilegal la relación laboral del abogado con el Ayuntamiento por incumplir la legislación de contratos vigentes.

    La edil del PP ha asegurado tener “pruebas fehacientes” de que el proceso de contratación “incurrió en todo un cúmulo de irregularidades” lo que “nos lleva a solicitar un informe desglosado de las facturas en las que justifiquen los trabajos realizados y se especifiquen los conceptos”. “No vamos a dejar aparcado este tema, ya que tenemos la obligación de fiscalizar y exigir que se depuren responsabilidades para evitar que la alcaldesa vuelva a repetir este tipo de prácticas poco éticas en materia de contratación”, ha aseverado.

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