El PP pide a Marzà que explique qué medidas ha adoptado para desbloquear el Regina Violant
El diputado autonómico del Grupo Parlamentario del Partido Popular en Les Corts, Vicente Casanova, interpelará al conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), en el pleno del próximo 7 de febrero con el objetivo de que el mandatario explique qué ha hecho en un año para desbloquear la parálisis del colegio Regina Violant de Almassora.
La pregunta oral, presentada por el diputado del PP el pasado 2 de enero, llega dos meses después de que el 23 de noviembre el Partido Popular presentara una moción en Les Corts para negociar una solución a la paralización de la infraestructura educativa. “Han pasado dos meses desde aquel acuerdo que elevamos a Les Corts y que votaron todos los grupos a favor. Dos meses de aquella moción y doce meses de la comunicación que la empresa adjudicataria trasladó a Educación para reclamar la modificación del proyecto de obras”.
Desde el PP “pretendemos que expliquen públicamente qué han hecho”. “Ha pasado un largo año con una infraestructura bloqueada. Dos meses desde que por iniciativa del PP les rogamos que negociaran. Una cuestión que nunca creímos que fuera necesaria pero que vista la cerrazón y opacidad de quien gobierna Educación, Compromís de la mano del PSPV, consideramos necesaria para avanzar en unas posiciones integristas y cerradas”.
Desde el PP, Casanova considera que “la obligación de un gestor es la de mediar, y en el caso de Educación hemos visto posturas de bloqueo y negación en lugar de posiciones dispuestas a negociar y llegar a una entente”. Y hacerlo, “como siempre se ha hecho, en el marco de la Ley de Contratos, sin que se merme la calidad de la infraestructura. Negociar, mediar, es acercar posturas, y hacerlo en aras a dar una solución a los más de 600 alumnos que junto a sus docentes han visto cómo ha pasado un año con el colegio paralizado sin que se haya dado ningún avance”.
El colegio Regina Violant, licitado por el PP el 27 de marzo de 2015 por un importe de 6.929.490,11 euros, fue adjudicado por PSPV y Compromís el 21 de diciembre de 2015 a la empresa Torrescamara por un importe de 5.169.399,62 euros, lo que comportaba una baja económica de 1.760.090,49 euros. El 28 de junio de 2016, seis meses después de la adjudicación del proyecto, los técnicos municipales y la empresa adjudicataria, formalizaron el acta de replanteo por la cual arrancaban las obras de la infraestructura educativa. El 26 de enero de 2017, la contratista comunicó la paralización de la obra y la reclamación de modificados de obra por valor de 800.000 euros, según el PSPV, que sin embargo la empresa cifra en 200.000 euros.
