El pleno de Almassora se suma a la PAH para regular el derecho a la vivienda
El pleno del Ayuntamiento de Almassora aprobará esta tarde, previsiblemente por unanimidad, las propuestas presentadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que instan al Gobierno a aprobar una Ley reguladora del Derecho a la Vivienda. Los puntos básicos del acuerdo negociado entre todos los grupos con representación municipal abordan: medidas de segunda oportunidad, alquiler digno, vivienda garantizada, suministros básicos y creación de un observatorio de la vivienda.
El apartado de vivienda garantizada establece que los bancos garantizarán un alquiler social “para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional”. El documento también señala que los colectivos vulnerables que no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas obtendrán ayudas que les garanticen evitar el desahucio.
Este apartado recoge, además, la solicitud de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, entre otros, a través de un alquiler social que no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar. “En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la Administración competente garantice un realojo adecuado”, señala el acuerdo.
El documento incluye medidas como la dación en pago retroactiva y la condonación de la deuda, la eliminación por parte de las entidades bancarias de las cláusulas declaradas abusivas por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y la prohibición de ejecutar la primera y única vivienda de los titulares y los avaladores para exigir su responsabilidad.
En cuanto al alquiler digno, el Ayuntamiento de Almassora reclamará al Gobierno central la regulación en favor de los inquilinos introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo, hasta los 5 años.
El acuerdo que pasará esta tarde por el pleno aboga por impedir los cortes de suministro básico de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. El pago de los suministros básicos para las familias en esa situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas. Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras.
El documento incluye la creación de un observatorio de la vivienda que estaría compuesto por representantes de las instituciones y la sociedad civil. Será el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus funciones figuraría hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas públicas, etc.
