Almassora ultima el cobro de sanciones de tráfico a través de la Diputación de Castellón
Policía Local y departamento de Informática se coordinan para poner en marcha este verano el sistema
El Ayuntamiento de Almassora prevé delegar este verano la gestión de multas de tráfico a la Diputación Provincial después del acuerdo adoptado el pasado mes. El sistema, aprobado por el pleno de la corporación el 2 de junio, entrará próximamente en vigor con el objetivo de garantizar el cobro de las sanciones que los agentes de la Policía Local imponen en el municipio.
“En estos momentos, el departamento de Informática trabaja codo con codo con la Policía Local para implantar el sistema que permita aplicar el nuevo sistema de gestión con plenas garantías”. Luis Martínez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Almassora, ha valorado positivamente el trabajo que desarrollan ambos negociados y que, en breve, podría activarse con la transferencia de las primeras sanciones.
“La multa que se imponga se elevará directamente al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación dependiente de la Diputación Provincial y será esta entidad la que se encargue de tramitar el expediente”. En todo caso, los vecinos tendrán la oportunidad de presentar en el consistorio los recursos que, serán canalizados a través del consistorio al citado servicio y será éste el que resuelva estimando o desestimando la alegación. Además, la puesta en marcha de la medida permitirá, tal y como ha detallado Martínez, “no sólo asegurar el cobro de las multas, sino que además liberará al consistorio de un importante volumen de trabajo que actualmente soportan los servicios técnicos municipales”.
Cabe señalar que el equipo de gobierno del Partido Popular ha trabajado a lo largo del primer semestre de 2008 con el objetivo de hacer efectiva la transferencia del cobro de sanciones a lo largo de este año. “Tras abordarlo en comisión el pasado febrero, el punto fue dictaminado y pasó al debate plenario el pasado 2 de junio”.
La medida comporta la delegación en la Diputación Provincial de Castellón las competencias municipales relativas a la gestión integral de los expedientes por las infracciones en materia de tráfico y seguridad vial y la recaudación de las sanciones. Una acción que posibilitará “mejorar el grado de cumplimiento de las sanciones, al tiempo que proporcionará mayor agilidad en la gestión de estas multas”.
El expediente establece procedimientos y plazos a fin de garantizar la eficaz coordinación actuaciones entre el ayuntamiento y la Diputación Provincial de Castellón, así como los puntos de atención al público -cualquier oficina del servicio de gestión tributaria, inspección y recaudación, así como las dependencias municipales-. Por último, cabe indicar que el contrato que se establece tiene una validez de cinco años, un periodo que se considera prorrogable.
3.151 multas en 2007
Cabe señalar que el volumen de sanciones que tramitó el Ayuntamiento de Almassora el pasado año se elevó a 3.151 multas. Motivadas por incumplimientos de la normativa de tráfico, se trata de un destacado volumen de expedientes que serán transferidos a la institución provincial liberando a la delegación municipal de un importante volumen de trabajo.
Asimismo, tal y como ha incidido Martínez, el censo de Almassora ha registrado una tasa de crecimiento del 20,3% entre 2001 y 2006, lo que supone un ritmo de crecimiento anual del 3,8%. Una circunstancia que ha generado un mayor volumen de trabajo en los servicios técnicos municipales, “entre ellos el relativo a sanciones y expedientes”. Así las cosas, esta herramienta que ofrece la Diputación Provincial “se presenta como un servicio útil y práctico que va a posibilitar que la localidad garantice el cobro de estas sanciones asumiendo su tramitación el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación”.
En la actualidad, el parque de vehículos ha registrado un incremento destacado, tal y como refleja la Memoria de la Policía Local presentada el pasado 2 de julio. Así, los agentes de la Policía Local tramitaron 210 notas preventivas en accidentes, frente a las 169 contabilizadas en 2006, mientras que los atestados fueron 112 en 2007, frente a los 88 de 2006. Asimismo, un total de 66 unidades fueron retiradas por los agentes, frente a las 27 contabilizadas en 2006, mientras que la retirada por propietarios tras la intervención policial se gestionó en 111 casos, 16 menos que los contabilizados en 2006.
