Pablo Rosser propone que las administraciones competentes expropien las viviendas de protección oficial que no se oferten por los bancos
“Nos parece claro que las viviendas de protección oficial no puedenser propiedad exclusiva de los bancos, puesto que en dichas viviendashay dinero que ha puesto la sociedad española. Esa inversión debe revertir en quienes ahora lo necesitan con urgencia” afirma Pablo Rosser concejal responsable del Área de Urbanismo en el GMS.
“Además es necesario dar una rápida y contundente respuesta, con motivo de la crisis, a las necesidades de vivienda de los ciudadanos de Alicante, e intentar reducir el número de desahucios en nuestra ciudad” subraya Rosser.
Según Pablo Rosser, el Ayuntamiento debe hacerse eco de este problema que afecta a multitud de vecinos de Alicante y comprometerse con la sociedad alicantina y sus demandas, por lo que considera necesario elevar una petición desde el Pleno Municipal a la Generalitat Valenciana para que se regule, por los procedimientos de urgencia convenientes y aquellos que permita la legislación vigente, que las entidades bancarias hagan un inventario de sus viviendas de protección oficial en la ciudad de Alicante y se comprometan a ofertarlas en venta o alquiler.
“Si este inventario no se hace en unos plazos adecuados, debidamente concretados y establecidos, y ante la gravísima situación por las que atraviesan numerosas familias residentes en Alicante, la Administración Autonómica debería proceder a la expropiación de las citadas viviendas, para ponerlas de manera inmediata en el mercado de alquiler y a precios sociales para personas que realmente lo necesiten” asevera Rosser.
Siguiendo con la explicación de la propuesta del grupo socialista, Rosser insiste en que se deberá solicitar por la Generalitat Valenciana que, con todas las entidades bancarias de la Comunidad Valenciana y concretamente con las que operan en Alicante, se promueva la opción del Real Decreto 6/2012 del 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en cuyo artículo 3º, se pide a los bancos que oferten de viviendas de protección oficial (VPO) como alquileres sociales a personas en el umbral de exclusión, “aunque también pedimos -dice Rosser- tal y como se ha hecho por ejemplo en Andalucía, que se aplique a aquellos que se encuentran en una situación de precariedad económica nueva y como consecuencia de la actual situación de crisis”.
En el caso de las VPO la legislación obliga a que las personas beneficiarías de una de ellas tienen que residir en las mismas y, si el titular no es una persona física sino otro tipo de persona jurídica (los bancos, por ejemplo), están obligados a destinarlas al alquiler, porque no pueden estar vacías y cerradas “Por tanto, los socialistas solicitamos que, en una plazo vinculante y concreto, los bancos realicen un inventario completo de todas sus viviendas de protección oficial, y se comprometan a ofertarlas en venta o alquiler a precios sociales, a través de las webs de las entidades, o incluso mediante las webs de la comunidad autónoma o el Ayuntamiento de Alicante” señala el edil socialista.
Para que la gente con necesidades pueda acceder realmente a esas viviendas en condiciones equiparables a su situación económica depauperada, es necesario que los Bancos expliciten dónde está su paquete de viviendas de VPO, en qué condiciones, y los precios de las mismas. “Es obvio que, por otro lado, las personas que quieran adquirirlas deberán cumplir unos requisitos concretos -aclara Pablo Rosser- y también que, cuando esas personas puedan hacer frente a esas viviendas, se les debería facilitatar el acceso al crédito necesario, eso sí -matiza Rosser- los bancos tendrán la obligación de poner precios adecuados”
Según el edil socialista, correspondería a la Generalitat aprobar la normativa del artículo 33 de la Constitución, tal y como se ha defendido -por ejemplo- desde la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, así como establecer el resto de condiciones para las entidades bancarias y los posibles beneficiarios. En el caso de que los bancos no cumplieran con las mismas, se podrá proceder a la expropiación de dichas viviendas de VPO, por incumplimiento de la acción social de la propiedad.
Por último, Rosser plantea además que, ante los anuncios de desahucios que se están empezando a conocer en familias residentes en Alicante, el Ayuntamiento de Alicante solicite al Colegio de Abogados de Alicante la creación de un servicio de asistencia legal que atienda los asuntos de posible desahucio que les deriven recursos sociales municipales que conocen estos casos, para evitar el no deseado desahucio judicial, a partir de que la gente tenga la primera notificación en tal sentido.
“Es inadmisible que haya un parque de viviendas cerradas en Alicante superior al 20%, muchas de ellas de nueva construcción y VPO, mientras se producen desahucios a familias por no poder pagar la vivienda que en su día compraron. No se puede dejar este asunto a la buena voluntad, ni a la especulación con las viviendas embargadas, como se está haciendo por algunas entidades bancarias, por eso hay que ir a la expropiación si no se cumplen los plazos” concluye Rosser.
