El equipo de gobierno presenta una DI para instar al gobierno de España a que ceda competencias en materia de refugiados a las CCAA y a los Ayuntamientos
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante – PSOE, Guanyar Alacant y Compromís – eleva al pleno ordinario de julio que se celebrará mañana una Declaración Institucional para instar al Gobierno Central que ceda las competencias en materia de refugiados a la Generalitat Valenciana y a los Ayuntamientos para la gestión de los programas de acogida e integración, ya que es desde el ámbito local donde se trabaja directamente con las personas refugiadas y desde donde mejor se puede intervenir. Esto permitiría, además, el acceso de los municipios a los fondos estatales y europeos, para hacer frente a las necesidades de atención a los refugiados.
Hay que señalar, que el 24 de septiembre de 2015, tres meses después de la toma de posesión del actual equipo de gobierno, se aprobaba en el Pleno una moción por la integración del Ayuntamiento de Alicante en la Red de Ciudades Refugio, asumiendo así los compromisos que derivaran de ello, lo que obliga al Consistorio “a impulsar la acogida a estas personas no sólo como exigencia de su dignidad sino en memoria de los miles de refugiados que nuestro país expulsó a raíz de la Guerra Civil”, se argumenta en la Declaración Institucional.
La Declaración Institucional refleja la gravedad de la situación actual, con el incremento histórico -- 300.000 personas respecto del año anterior-- en 2016 de población desplazada forzosamente en el mundo. La Agencia de Refugiados de Naciones Unida, ACNUR calcula la existencia de 65,6 millones de personas, al finalizar 2016, desplazadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos. Según el informe 2016: las personas refugiadas en España y Europa elaborado por CEAR, hay que prestar una especial atención al conflicto en Siria que ha forzado el exilio de 4.843.285 personas refugiadas (2,7 asentadas en Turquía) y el desplazamiento interno de 7,6 millones de personas”, en 5 años. También hay que señalar la crisis de Sudán del Sur, en donde aumentó en un 64% la población refugiada durante la segunda mitad de 2016, llegando a 1,4 millones, la gran mayoría menores de edad.
Ante este escenario, el 6 de julio surgió la llamada Declaración de València, elaborada en el marco de una reunión de trabajo en la que participaron las ciudades de Valencia, Alicante, Castelló, Gandia, Alzira, Foios, Benifairó de la Valldigna, Pedreguer, Cheste, Torrente , para reclamar al Estado que cumpla sus compromisos de acogida y establezca un calendario real de llegada de refugiados, en coordinación con las administraciones locales y las entidades implicadas, de las más de 17.000 personas previstas antes de 100 días – cupo que España se comprometió a acoger ante la Unión Europea antes de final de septiembre de 2017 -, entre otras demandas. A esta reunión, también, asistieron las organizaciones CEAR, ACCEM, Cruz Roja, CEPAIM y Valencia Acoge.
El documento, base de la Declaración Institucional, incluye 10 puntos dirigidos a establecer los mecanismos para cumplir con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), y la puesta en marcha de planes que permitan abordar con eficacia la acogida y la integración de las personas que llegan huyendo de la guerra y del hambre.
Se insta, por último, a trasladar esta Declaración Institucional al Congreso de los Diputados, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y al Consell de la Generalitat Valenciana.
