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El juzgado desestima que la gasolinera de la Albufereta cerrada por el Ayuntamiento abra de forma cautelar

    El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, ha dado a conocer hoy el auto del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo nº 1 de Alicante, de fecha 26 de junio, mediante el que se dispone no adoptar la medida cautelar solicitada por la empresa que pretende abrir una gasolinera en la Albufereta sin licencia municipal, Grupo Petavi Asociados SL. La mercantil recurrió ante el Juzgado el decreto municipal de 4 de mayo mediante el que se acordó la suspensión del funcionamiento de la gasolinera al no disponerse de la preceptiva licencia, interesando la mercantil que el Juzgado, mientras se resuelve el recurso, dejara sin efecto el decreto a fin de poder abrir la gasolinera cerrada por el Ayuntamiento.

    El juez ampara en su auto la oposición del Ayuntamiento a la medida cautelar solicitada por la mercantil, destacándose que la suspensión acordada por la Corporación responde a la ausencia del necesario instrumento de intervención ambiental que faculte para el desarrollo de la actividad, una actividad - la de gasolinera - que lleva intrínseco un riesgo derivado de la naturaleza de las sustancias que es preciso almacenar, "por lo que el instrumento ambiental se erige en elemento esencial, en orden a evitar eventuales accidentes o inadecuadas actuaciones, que puedan generar daños medioambientales de alcance no determinable, así como posible riesgo para la ciudadanía. Los aludidos argumentos, añadido al hecho de la falta de acreditación de concretos perjuicios de imposible o difícil reparación que pudieran causarse a la entidad demandante, determinan el necesario pronunciamiento desestimatorio de la pretensión de suspensión solicitada por la recurrente", recoge de forma literal el auto judicial.

    "Desde la concejalía de Urbanismo mostramos nuestra satisfacción por este auto y esperamos que el Grupo Petavi Asociados SL termine perdiendo el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto contra un decreto mediante el que el Ayuntamiento no hace otra cosa que cumplir con su obligación legal de no permitir que una actividad se desarrolle sin ningún tipo de licencia o autorización", ha concluido Miguel Ángel Pavón.

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