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El equipo de Gobierno eleva una propuesta al próximo pleno para que se elimine la Ley Mordaza

    El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante –compuesto por las formaciones PSOE, Guanyar y Compromís--, presentará una declaración institucional al próximo pleno en la que insta al nuevo Gobierno de España a eliminar la llamada Ley Mordaza y a defender los derechos de la ciudadanía del Estado.

    La citada ley, según recoge este escrito que será elevado a la sesión plenaria del próximo 28 de enero, se encuentra en vigor desde el 1 de julio de 2015 tras su aprobación en febrero del año pasado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de la mayoría absoluta del PP.

    Para el actual equipo de Gobierno municipal, esta Ley de Seguridad Ciudadana vulnera los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía y disminuye los derechos de manifestación y expresión.

    En este sentido, esta propuesta destaca que organismos internacionales de la talla de la ONU, Amnistía Internacional y Cáritas aconsejaron en su día que no se llevara a término esta reforma por considerarla contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas, y solicitaron al Gobierno español que desistiera de su formulación y aplicación.

    La Ley Mordaza introdujo limitaciones y modificaciones sustanciales en la Ley de Extranjería, el Derecho de Reunión y el ejercicio colectivo del Derecho a la libertad de opinión y expresión, y abrió paso a definiciones amplias o ambiguas en el Código Penal que posibilitan una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades.

    Igualmente, esta ley puede considerarse contraria al Derecho Internacional, ya que introduce un efecto disuasorio sobre el ejercicio de libertad de manifestación pacífica.

    Por todo ello, el equipo de Gobierno propone al pleno “instar al nuevo Ejecutivo de España a que elimine la Ley Mordaza y que se comprometa en defender los derechos de la ciudadanía del Estado”.

    Así mismo, solicita que el nuevo Gobierno se comprometa a utilizar todos los medios a su alcance para seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía, así como la libertad de expresión y de huelga de las trabajadoras y trabajadores del Estado.

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