El equipo de Gobierno municipal presenta una declaración institucional contra la reforma del Sistema Nacional de Salud
El equipo de Gobierno municipal –-compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís-- presentará en la sesión plenaria del próximo jueves una declaración institucional que insta al Gobierno del Estado a derogar la reforma del Sistema Nacional de Salud, ya que este decreto vulnera el derecho básico de las personas a la protección de su salud, afecta negativamente al conjunto de la salud pública y vulnera normativas de rango superior y provoca un aumento del gasto médico y sanitario.
La petición se basa en el Real Decreto de abril de 2012 en el que el Gobierno central aprobó la exclusión de la asistencia sanitaria a jóvenes mayores de 26 años con ingresos inferiores a 100.000 euros sin contrato laboral, y todas aquellas personas que no puedan acreditar la condición de asegurada o asegurado y a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
La concejala de Sanidad, Sonia Tirado, considera por ello que 'esta normativa comporta la creación de una barrera de acceso al sistema sanitario que rompe con el carácter público y universal del Sistema Nacional de Salud'.
En este sentido, el gobierno municipal afirma que esta medida de exclusión en la asistencia sanitaria está afectando a amplias capas de población con nacionalidad española que no han sido dados de alta, a ciudadanas y ciudadanos de la UE o del Espacio Económico Europeo que no pueden demostrar la residencia en el España ni acreditar una situación de desempleo involuntario, al igual que a personas procedentes de terceros países no comunitarios sin autorización de residencia.
Todo ello justifica sobradamente la motivación y pertinencia del Decreto Ley 3/2015, de Universalidad de la Atención Sanitaria, aprobado por el Consell de la Generalitat Valenciana y que ha supuesto el acceso a una atención sanitaria integral, en condiciones de equidad y de universalidad como derecho fundamental de toda persona. Sin embargo el Gobierno central ha promovido un Recurso de Inconstitucionalidad, cuyo trámite ha sido admitido por el Tribunal Constitucional por lo que implica una suspensión cautelar de la norma del Consell.
