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UPyD registra la iniciativa para instar al Consell y al Gobierno a apartar a Ripoll del Puerto de Alicante

    El portavoz de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Alicante y candidato a la Alcaldía de la ciudad, Fernando Llopis, ha declarado que “hemos registrado la iniciativa para su debate el el próximo Pleno en la que instamos al Consell y Gobierno de España a destituir a José Joaquín Ripoll como presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. Ya lo anunciamos tras el Pleno de octubre y ahora lo hacemos efectivo, esperamos que tenga su efecto y se aparte a los imputados de cargos tan importantes”.

    El nombramiento del presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante fue publicado en BOE, el 15 de septiembre de 2011, por José Blanco tras el decreto del Consell de Alberto Fabra, de 9 de septiembre de 2011. El concejal de UPyD ha subrayado que “hemos pedido también que se cumpla la ley y se le sustituya por una persona de reconocida competencia profesional e idoneidad para la gestión portuaria”. En la formación apuntan que estos nombramientos deben atenderse criterios profesionales y no políticos, “lo que no puede ser es que se coloque a un amigo político o tengamos un caso de puerta giratoria” ha apostillado Llopis. La puerta giratoria, indican el partido, es cuando se nombra un alto cargo para luego irse a la empresa privada, obteniendo beneficios y un conflicto de intereses entre la administración pública y la empresa privada.

    La formación progresista ha recordado que si no lo cesan antes, en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Alicante, el PP se tendrá que retractar “veremos de nuevo si existe un compromiso real del Partido Popular o se esconden para no tener que posicionarse públicamente”.

    La situación de Ripoll no es nueva ni reciente, por tanto la formación magenta no entiende qué tiene que estudiar el Consell. “Solo cabe su destitución inmediata. Fabra no tiene excusa, a Ripoll no lo han elegido los ciudadanos sino él”. El presidente del Puerto y ex-presidente de la diputación está imputado y acusado de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a funcionarios en relación con el caso Brugal, instrucción que investiga las irregularidades en la gestión de las contratas de basura en la provincia de Alicante.

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