Compromís exige la apertura de una Comisión de Investigación municipal para investigar la connivencia de técnicos de urbanismo con el empresario Ortiz
Desde Coalició Compromís exigimos al conjunto de las fuerzas políticas presentes al consistorio alicantino, y especialmente al gobierno municipal del PP comenzando por la Regidora de Urbanismo, la Sra. Garcia Romero, y la alcaldesa de Alacant, la Sra. Castedo, que den los pasos necesarios para abrir una Comisión de investigación municipal a raíz de las conversaciones publicadas en los medios de comunicación, y que se han extraído de los sumarios judiciales de los casos BRUGAL-RABASSA.
Desde Compromís, tal y como ha manifestado el secretario local, Natxo Bellido, no entenderíamos que "la relación impropia que se infiere entre técnicos municipales y el empresario Enrique Ortiz, muy semejante al que revelan las mismas grabaciones sobre este constructor y la alcaldesa Castedo, deben conducir a alguna clase de investigación interna, al margen de las consecuencias judiciales de todo esto, para saber qué hay detrás de una relación tan estrecha entre técnicos municipales, como por ejemplo la Sra. Campos, y el máximo propietario de suelo de la ciudad de Alacant".
Para Bellido, "Queremos saber cuáles son las reacciones del equipo de gobierno del PP ante estas conductos impropias de técnicos municipales, ya que, en caso de no producirse ninguna consecuencia la ciudadanía puede certificar que esta manera de comportarse sin saber separar los intereses públicos de los privados, y siempre buscando salvaguardar los intereses privados del Sr. Ortiz, ha estado una práctica tolerada y bendecida desde los responsables políticos del Partido Popular, lo cual es el que parece demostrarse en los sumarios judiciales, tal y como señala la UDEF en sus últimos informes sobre la relación Castedo-Alperi con el empresario Enrique Ortiz".
La imputación de algunos técnicos municipales al lado de representantes políticos, que en ningún caso habla de la honestidad y trabajo eficiente de la gran mayoría del funcionariado municipal, nos alerta de una manera de gobernar consolidada durante décadas de gobierno del PP que afecta seriamente a la transparencia, el buen gobierno y la legalidad. Bellido ha concluido "entregar los grandes intereses de la ciudad a un empresario, hacerle el amo de la ciudad, ha estado posible por la complicidad de unos gobernantes que han favorecido y permitido que la corrupción institucional arraigue en la administración local alicantina y que las buenas prácticas municipales que favorezcan a la mayoría de la ciudadanía hayan sido substituidas por unas prácticas bastardas en las que ha primado el intercambio de favores con los poderosos, la confusión de los intereses públicos y privados y relegar al último término de las necesidades que como ciudad tenemos".
