El fiscal asevera que la instrucción del caso Mercalicante está inacabada y recurre el sobreseimiento
Por ello, el fiscal ha decidido presentar un recurso de apelación al auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), con fecha de 20 de febrero, por el que sobreseía los hechos imputados por las acusaciones populares y el fiscal a Díaz Alperi al considerar que "no son constitutivos de delito".
El "caso Mercalicante" surgió en 2002 tras las presuntas irregularidades contables detectadas en la empresa mixta Mercalicante (capital de Mercasa y el Ayuntamiento de Alicante) entre 2000 y 2002, que generaron, según la oposición municipal, un desfalco de unos seis millones de euros.
La Fiscalía pregunta en el marco de sus alegaciones cuáles son las pruebas practicadas por el magistrado instructor para haber acordado el sobreseimiento.
"El auto apelado no indica qué actos que supongan la búsqueda de fuentes de prueba o de averiguación de hechos han sido practicados para acordar el sobreseimiento", recoge textualmente el escrito.
Es más, añade que las únicas fuentes que ha utilizado el magistrado son "la exposición razonada y el informe del fiscal", dos escritos de carácter "inculpatorio" que, sin embargo, "han servido al instructor para seguir el criterio contrario".
Además, asegura que la instrucción está "inacabada", a pesar de los 10.000 folios que integran la causa, un volumen que la hace única de cuantas se han tramitado en la provincia de Alicante.
A lo largo de su escrito, de 53 hojas, el fiscal apunta de forma reiterada que la duración de la instrucción de la causa, que se ha demorado por espacio de seis años, parece ser el motivo esgrimido por el magistrado para no ser partidario de continuar con la misma.
En este sentido, el auto de sobreseimiento señalaba que "se ha vulnerado el derecho de todos los implicados", tanto los imputados como acusadores, "a la obtención de una decisión judicial en un plazo razonable".
Por el contrario, el fiscal afirma en su apelación que su deber "es llegar hasta el final de las instrucciones, con o sin aforamiento, y que éste no perjudique la investigación penal".
En esta línea, la Fiscalía informa al TSJCV que "hay diligencias pendientes de practicar" que son "consustanciales" a una instrucción "en marcha que de forma obligada debe continuar hasta entenderse lógicamente concluida y que avale, tras la valoración de toda la prueba, abrir en su casado la siguiente fase procesal".
"Y el aforamiento -reitera- no debe destruir una instrucción en marcha", asegura la Fiscalía Anticorrupción.
Con ese objetivo, el fiscal solicita realizar nuevas pruebas "que despejarían la concreción del tipo delictivo -apropiación indebida por autoría material, o delito societario por inducción o cooperación necesaria", y quiénes son sus responsables.
Según el escrito, los hechos y la calificación jurídica que deben ser considerados "presuntamente punibles" respecto al aforado Díaz Alperi, por aquel entonces presidente de la Comisión Ejecutiva de Mercalicante, responden, entre otros y "con carácter instructorio", al de administración desleal.
Para ello, considera que Díaz Alperi cometió "abuso de las funciones propias de su cargo, contrajo obligaciones a cargo de la mercantil", lo que causó "directamente un perjuicio económicamente evaluable".
Como apunte, sostiene el fiscal que, entre 1999 y 2001, el Consejo de Administración aprobó adjudicaciones por valor de 6,3 millones de euros.
Sin embargo, las deudas contraídas con las empresas por parte de la Comisión Ejecutiva ascendieron a 11,3 millones de euros. "Es decir, cerca de cinco millones de euros más de lo aprobado por el Consejo", agrega.
Asimismo, el fiscal asegura que, de la mera observación del listado de cuentas que trimestralmente se presentaba a la Comisión Ejecutiva, se podía comprobar "inversiones en bolsa con dinero de Mercalicante y el incremento de la partida de Gerencia", con la que se pagó, entre otros capítulos, el patrocinio de un coche de rally.
