Pastor: "La base de las diputaciones es municipalista y cualquier procedimiento deberá tenerlo en cuenta"

La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha inaugurado esta mañana en el ADDA el XI Foro de Suma en el que se ha abordado, en primer lugar, la Reforma Local y su impacto en la gestión tributaria. En este sentido, Pastor ha defendido el papel de las diputaciones provinciales en la prestación de servicios que, ha dicho, “no pueden ser subsidiarios para los municipios con menor densidad de población y deben diseñarse para poder prestar servicios a todos los ayuntamientos”. Asimismo, ha argumentado que la base de las diputaciones es “municipalista” y que, por tanto, “cualquier procedimiento futuro deberá tenerlo en cuenta, valorando y diferenciando competencias y/o servicios” y ha defendido que su gestión “debe seguir ahondando en la eficiencia de los servicios que presta a los ayuntamientos, así como de las labores de apoyo y asesoramiento jurídico y administrativo”.

La inauguración de este encuentro de organismos de gestión tributaria local, al que asisten más de un centenar de expertos, ha contado con la participación de la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Administraciones Públicas, Rosana Navarro, y el alcalde de Murcia y presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, Miguel Ángel Cámara. Ambos han defendido el Proyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el más debatido en la historia de la democracia- se han elaborado 37 borradores- y pendiente de su tramitación parlamentaria tras publicarse en el Boletín de las Cortes Generales el 6 de septiembre, como una “gran oportunidad” de ordenar la administración local sobre los principios de ‘transparencia’ y ‘una administración, una competencia”.

En este sentido, Navarro ha señalado que esta norma prevé unas medidas con unos posibles ahorros netos entre los años 2013 y 2019 de unos 8.000 millones de euros, siendo casi la mitad por eliminación de duplicidades y gasto impropio. “Esta reforma ni privatiza, ni destruye empleo sino que busca la eficiencia y la estabilidad presupuestaria como principios rectores en las administraciones, ya que garantiza hacer más con menos y no gastar más de lo que se ingresa”, ha indicado.

La secretaria general ha justificado, asimismo, las modificaciones que ha experimentado el anteproyecto en los últimos meses por el cambio de la situación económica, ya que el primer borrador se planteó en un momento en el que se registraba un alto déficit del sector público, una multiplicidad de entes locales y elevados niveles de impago a proveedores.

Ha explicado, en este sentido, que “la situación ha cambiado y el mundo local reaccionó muy bien ante el anuncio de esta ley, se puso la pilas e hizo los deberes antes de tiempo consiguiendo reducir gastos superfluos e incrementar en la medida de lo posible los ingresos logrando terminar 2012 con un superávit del 0,22% cuando el objetivo previsto era del -0,3% y ha añadido que “la administración local ha dejado de ser imagen de despilfarro a ser ejemplo de fortaleza y responsabilidad para el resto de administraciones públicas”.

Ha apuntado también, al respecto, que se ha mejorado de forma considerable los niveles de transparencia de los ayuntamientos y entes locales ya que en la actualidad el 98% rinde cuentas en los plazos que marca la Ley.

Por su parte, el alcalde de Murcia ha resaltado que “no sobran administraciones, sino que deben estar dimensionadas para dar respuesta a los ciudadanos de la forma más eficiente y eficaz posible” y ha reiterado que este proyecto “supondrá una oportunidad para reformar todos los niveles de la administración pública, no sólo el ámbito local”.

Cámara ha señalado que es necesaria una ordenación de las competencias, eliminando las que no son propias del mundo local, como la educación, los servicios sociales o la sanidad, y una adecuada financiación. En este punto, ha señalado que no es lo mismo competencia que prestación del servicio, “que deberá realizarlo quien mejor lo haga. En algunos casos se seguirá prestando el servicio como hasta ahora pero tendrá que realizarse mediante convenio donde la financiación esté garantizada por la comunidad autónoma que es quien tiene la competencia”, ha apuntado