UPyD Alicante presentará una declaración institucional para apoyar la dación en pago

Fernando Llopis, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante indicó que “en la situación de crisis actual por la que atraviesa nuestro país se han multiplicado las situaciones de especial vulnerabilidad de muchos ciudadanos españoles.

Una de las más graves es, sin duda, la de quienes sufren la ejecución de la hipoteca sobre su vivienda”. A diferencia de las empresas y sociedades, las personas no pueden liberarse de sus deudas con las entidades bancarias entregándoles los bienes de los que son titulares, como la vivienda hipotecada, sino que se ven obligados a pagar el resto de su deuda hipotecaria con cualquier ingreso o bien futuro que adquieran tras perder su casa.

Tal situación comporta una grave discriminación para los ciudadanos individuales, indefensos ante consecuencias de la crisis económica como la pérdida del empleo y el descenso del valor de mercado de su propiedad pero no de su deuda hipotecaria, sobre todo teniendo en cuenta que, para la gran mayoría de las familias españolas, la vivienda es la mayor inversión de su vida, a la que dedican la mayor parte de sus ingresos y ahorros.

Por eso Llopis indica que “para el próximo pleno hemos propuesto una declaración institucional, la regulación de la DACION EN PAGO como regla general de extinción del crédito hipotecario”. Por otro lado Llopis considera necesario la modificación de la legislación concursal para que una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor hipotecario, la deuda restante quede cancelada por decisión judicial sin necesidad del consentimiento del acreedor. Además el edil de UPyD insiste que “se debe afrontar las modificaciones legales necesarias para garantizar la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor que evite el concurso y la perdida de la vivienda, así como aquellas que faciliten la dación en pago aún en créditos hipotecarios que no lo hayan previsto”.

Llopis además considera que “desde al Ayuntamiento se debe mediar en los casos de desahucio en curso en la localidad, apoyando a los vecinos desahuciados que lo soliciten y buscando en cualquier caso la garantía de su derecho constitucional a la vivienda sin menoscabo de la seguridad jurídica”.