Compromís exige la dimisión de los políticos y técnicos implicados en las presuntas irregularidades del PGOU de Alicante
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20/09/2011
La coalición considera que el planeamiento urbanístico debe ser paralizado por estar bajo sospecha judicial
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha asegurado hoy que “los responsables políticos y técnicos implicados en las presuntas irregularidades del PGOU de Alicante tienen que dimitir de manera inmediata, dada la gravedad de los hechos que se les imputan y que dejan al descubierto que el planeamiento urbanístico de Alicante ha servido únicamente para que estas personas hicieron negocio”.
Mollà considera que “las últimas informaciones conocidas sobre esta pieza separada del caso Brugal -en las que se habría descubierto que el hermano de la alcaldesa Sonia Castedo y un ex regidor socialista realizaban alegaciones al PGOU que ellos mismos estimaban después a través de una sociedad- acabarían por confirmar que la redacción de este documento urbanístico es totalmente irregular”.
“Sencillamente es ilegal que las mismas personas sean las que proponen y las que deciden la ordenación urbana de la ciudad de Alicante y nos preguntamos hacia dónde miraba el Ayuntamiento en el momento en que se estaban produciendo estas presuntas anomalías por parte de una empresa subcontratada por la firma responsable de la elaboración del PGOU”, ha indicado la diputada de Compromís.
Mireia Mollà ha recordado que “estos presuntos delitos cometidos en la redacción del documento urbanístico se suman a las acusaciones que el fiscal ha hecho sobre la actual alcaldesa de Alicante y su predecesor y diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, que habrían aceptado regalos del empresario Enrique Ortiz a cambio de información privilegiada del PGOU”.
“Ante todas estas evidencias, ni Sonia Castedo ni Luis Díaz Alperi, como tampoco los técnicos encargados de la elaboración del documento, pueden seguir defendiendo que el PGOU de Alicante se redactó a través de un procedimiento correcto y legal, de manera que Compromís pide su dimisión”, ha destacado la diputada autonómica.
En este sentido, el portavoz de Compromís per Alacant, Tomàs Mestre, ha indicado que “un PGOU bajo sospecha judicial por numerosos delitos no puede ser de ninguna forma aprobado por la Generalitat y, en consecuencia, pedimos que vuelva a la ciudad, donde se tiene que poner en marcha la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico lejos de toda irregularidad”.
Mollà considera que “las últimas informaciones conocidas sobre esta pieza separada del caso Brugal -en las que se habría descubierto que el hermano de la alcaldesa Sonia Castedo y un ex regidor socialista realizaban alegaciones al PGOU que ellos mismos estimaban después a través de una sociedad- acabarían por confirmar que la redacción de este documento urbanístico es totalmente irregular”.
“Sencillamente es ilegal que las mismas personas sean las que proponen y las que deciden la ordenación urbana de la ciudad de Alicante y nos preguntamos hacia dónde miraba el Ayuntamiento en el momento en que se estaban produciendo estas presuntas anomalías por parte de una empresa subcontratada por la firma responsable de la elaboración del PGOU”, ha indicado la diputada de Compromís.
Mireia Mollà ha recordado que “estos presuntos delitos cometidos en la redacción del documento urbanístico se suman a las acusaciones que el fiscal ha hecho sobre la actual alcaldesa de Alicante y su predecesor y diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, que habrían aceptado regalos del empresario Enrique Ortiz a cambio de información privilegiada del PGOU”.
“Ante todas estas evidencias, ni Sonia Castedo ni Luis Díaz Alperi, como tampoco los técnicos encargados de la elaboración del documento, pueden seguir defendiendo que el PGOU de Alicante se redactó a través de un procedimiento correcto y legal, de manera que Compromís pide su dimisión”, ha destacado la diputada autonómica.
En este sentido, el portavoz de Compromís per Alacant, Tomàs Mestre, ha indicado que “un PGOU bajo sospecha judicial por numerosos delitos no puede ser de ninguna forma aprobado por la Generalitat y, en consecuencia, pedimos que vuelva a la ciudad, donde se tiene que poner en marcha la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico lejos de toda irregularidad”.
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