El gms expresa su rechazo y preocupación por el inicio de la aplicación del decreto que excluye a los inmigrantes sin papeles de la atención primaria.

La medida que entra en vigor a partir del 1 de septiembre, excluye de la atención primaria a los inmigrantes sin papeles, que solo serán atendidos en urgencias o en casos de enfermedad grave, a excepción de menores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas que se encuentren ya recibiendo tratamiento. Otros sectores de la población se verán excluidos de la tarjeta sanitaria, como los menores de 26 años que no hayan cotizado.

“Es una medida profundamente injusta e inmoral, porque limita el derecho a la salud de las personas, un derecho universal reconocido por nuestra constitución, que conducirá a la exclusión de sectores de la población por razón de clase, origen y situación social -afirma Ana Paula Cid- y, conforme ha expresado el Consejo General de la abogacía, podría ser ilegal”

“Resulta vergonzoso que los mismos gobiernos del PP que han recortado drásticamente la financiación a las ONGs, pretendan derivarles ahora la atención sanitaria de los que resulten excluidos por este decreto, para calmar la alarma social que está generando esta medida” afirma la edil socialista en respuesta a las reiteradas afirmaciones de distintos responsables políticos del área sanitaria de los gobiernos nacional y autonómicos. Se da el caso de que algunas de las organizaciones no gubernamentales aludidas se han apresurado a decir que consideran inviable esta alternativa al sistema público de salud y que no están en condiciones ni disponen de medios para asumir esa responsabilidad.

“Este es otro engaño del Partido Popular a la ciudadanía. No es cierto que estas medidas vayan a suponer una contención del gasto sanitario -señala Ana Paula Cid- por el contrario, podrían terminar generando graves problemas sanitarios y añadiendo al coste social un mayor gasto económico, porque la menor prevención y atención temprana en esos sectores de la población tendrán como consecuencia que se tenga que atender en fases más avanzadas de la enfermedad o exponer a la población al contagio, en los casos de enfermedades infecciosas”

“La atención sanitaria a la población inmigrante no supera el 0,7 del gasto sanitario general y, en el caso de la Comunitat Valenciana eso se reduce a cinco inmigrantes por médico de familia. -aclara la edil socialista- El pretendido ahorro económico que sirve de excusa a este decreto, en ningún caso será significativo ni podrá compensar el quebranto moral de una sociedad que ha pasado, de ser puntera en materia de salud a dejar a ciudadanos sin cobertura sanitaria por decreto”

“Prueba de ello es que los profesionales de la salud están declarándose en objeción de conciencia en relación con el decreto del gobierno y los responsables políticos del PP insisten, una y otra vez, en que nadie se va a quedar excluido. Hasta el mismo el Conseller de Sanidad reconoce públicamente que la deontología profesional le impediría no atender a un paciente -señala Cid- Entonces, si es verdad que nadie va a quedar excluído ni se va a desatender a ningun enfermo... ¿Para qué se ha aprobado este decreto? ” se pregunta la concejala.