La fiscalìa propone imputar al alcalde de Algemesí por prevaricación

El pasado mes de enero Més Algemesí puso en conocimiento de la Fiscalía, como una muestra más de las irregularidades contables, que el equipo de gobierno había adjudicado en 2013 el vestuario de la policía, por valor de 40.000€, a la empresa Insiginia Uniformes SL por contratación directa.

Es por eso que la interventora se opuso, con un informe negativo, al abono de una factura de 27.738’08€ (factura FIA 132688), porque esta, junto con las anteriores sobrepasaba el límite que permite la ley (18.000€ + IVA) para la contratación directa. Así pues, la interventora en el informe advertía que la factura era “fiscalizada con disconformidad dado que la cantidad total facturada por la mencionada empresa en el ejercicio 2013 ascendía a 40.455’18€ que excede del importe permitido por la normativa para la contratación a través de contrato menor”. A pesar de esto, la Junta de Gobierno acordó abonar la factura. Hay que recordar que no era la primera vez que esto pasaba, puesto que en 2011 ya ocurrió lo mismo con la adjudicación del vestuario a la empresa Antonio Gil de los Ríos SL, que es otro nombre comercial de Insignia Uniformes.

La interventora informó en 2011 negativamente al pago de la factura por exceder el conjunto de facturas de esta empresa la cantidad de 18.000 + IVA. Pero en lugar de admitir los hechos y reconocer el error en el pleno de febrero, el segundo teniente alcalde, realizó una intervención contra el portavoz de Més Algemesi indicando que “es mentira que se haya contratado a dedo 40.000€ a ninguna empresa, se ha hecho siguiendo el protocolo que había.. esa información el que dijo esto la tiene, porque me consta que la tenía. Esto son acusaciones falsas”.

Pero la fiscalía tras pedir la documentación pertinente y tomar declaración a una funcionaria, considera que “la prestación de dichos servicios y el abono de sus correspondientes importes se hizo sin el sustento legal tal como informó la interventora municipal y, sin embargo, dichas facturas fueron abonadas”. Es decir, que la fiscalía hace suya la interpretación de Més Algemesí y por eso presenta una denuncia ante la justicia “contra las personas de las que pueda derivarse responsabilidad penal como posibles coautores de un delito de prevaricación administrativa previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal”.

En concreto en la propuesta de la fiscalía pide al juzgado que “si resulta procedente, tómese declaración en calidad de imputados a Vicent Ramón García Mont y a Antonio Francisco Saá Carrasco”.

Esto implica que de producirse tal imputación el alcalde y el segundo teniente alcalde se enfrentan a una posible inhabilitación de 7 a 10 años por cargo público. Este tema, junto a la doctrina Fabra, puede complicar mucho el futuro del PP local.

Més Algemesí respeta la presunción de inocencia ya que tiene que ser la justicia quien dictamine si finalmente existe algún tipo de responsabilidad penal. Pero lamentan profundamente que las cosas no se hagan bien, puesto que la irregularidad del abono se comete tanto en 2011 como en 2013, y lamentan que los políticos no respeten el criterio de los funcionarios. Hay que esperar a ver qué dirá finalmente el juzgado, pero la decisión de la fiscalía de presentar una denuncia y pedir la imputación del alcalde y su mano derecha demuestra que Més Algemesí está haciendo bien su trabajo de oposición. No se alegran de que la fiscalía considere que nuestro Alcalde puede haber prevaricado, pero consideramos que de ahora en adelante el equipo del PP tiene que respetar la legislación de manera escrupulosa y no pensar que el Ayuntamiento es un “cortijo” que puede administrar como quiera.