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PP: "El PSOE votará en contra de inhabilitar a cargos públicos que estén imputados"

PP: "El PSOE votará en contra de inhabilitar a cargos públicos que estén imputados"

    El PP de L’Alfàs del Pi ha mostrado su sorpresa por el posicionamiento que el alcalde, el socialista Vicente Arques, mantendrá mañana en el último pleno del año, donde se debatirá una moción presentada por el PP  “para la lucha contra la corrupción política”. Una propuesta que pretende la prohibición de que personas acusadas por delitos de corrupción, malos tratos o terrorismo puedan formar parte de listas electorales de la Corporación Municipal. Como ha señalado la portavoz popular, Maite Huerta, “Vicente Arques y su gobierno lo que intentan es salvar su posible futura situación personal, dejando claro que piensan seguir beneficiándose de su cargo público hasta el último momento”.

    El PP presentó dicha moción el 21 de noviembre para ser incluida en la sesión plenaria del mes pasado, pero el gobierno socialista, con su mayoría absoluta, lo impidió. Ante la presión de los populares para que fuera subida a pleno este mes y al “verse acorralados” el pasado 18 de diciembre el PSOE, junto a la concejal de C’PAS, Isabel Davó y el edil expulsado de AIDDA, José Luis Giner, presentaron otra moción alternativa “formulada de forma poco clara, para confundir de forma interesada la condición de imputado con la de procesado” según ha afirmado Maite Huerta.

    Los populares sostienen que “como alguno teme pueda estar imputado o pudiera serlo por sus actos ilegales y arbitrarios”, con su moción “los socialistas pretenden que solo afecte a los procesados contra los que ya se haya dictado apertura de juicio oral”, ha explicado Maite Huerta.

    En la moción del PSOE tampoco se distingue el tipo de delito, como si se detalla en la presentada por el PP, donde se especifica con toda claridad la inhabilitación de cargo público para imputados por delitos de corrupción, maltrato y terrorismo.

    Para la portavoz del PP, con la moción que elevará al pleno el equipo de gobierno socialista se deja claro que tal prohibición no afectará a los imputados sin más, sino sólo a aquellos a los que se les hubiera abierto juicio oral, lo que para Maite Huerta “es insuficiente, y aunque todavía hay que presumir su inocencia, ya existen indicios lo suficientemente sólidos apreciados por un juez, que hacen que esa persona se encuentre inhabilitada de hecho para representar dignamente a los ciudadanos”. Sin embargo, “Vicente Arques y algunos de sus concejales no son de la misma opinión, y dejarán claro en el pleno de mañana que ven legítimo que un imputado siga ejerciendo su cargo público sino se ha abierto juicio oral”,  ha señalado la portavoz popular.

    Para el PP, en la moción presentada por los socialistas no se define, ni se clarifica, ni se detalla que se entiende por corrupción, cuando lo más fácil sería reseñar los tipos delictivos previstos en el Título XIX del Código Penal (prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, malversación, cohecho, fraude en la contratación, negociación prohibida, tráfico de influencias), así como prevaricación urbanística que recoge los artículos 319 y 320 del Código Penal.

    Este posicionamiento, para los populares, “sólo puede entenderse “por la posible complicada situación futura que tienen algunos dirigentes locales con la Justicia y es que “es sumamente difícil defender medidas contra la corrupción, cuando puede afectar de lleno al alcalde y varios concejales del gobierno municipal”.

    El PP ha presentado por Registro General una enmienda a la moción de los los socialistas y sus socios de gobierno, reclamando que el acuerdo afecte directamente a todos los políticos o corporativos que se encuentren imputados y sobre los que se siga un procedimiento penal, sin necesidad de esperar a la apertura del juicio oral.

    La portavoz popular ha afirmado que la moción presentada por el equipo de gobierno supone un “brindis al soI”, al pretender mantenerse a políticos corruptos hasta la apertura del juicio oral, disfrutando de todos los privilegios y prerrogativas con grave perjuicio al servicio público y a la dignidad de los cargos institucionales que ocupan indebidamente dada su condición de imputados.

    “Es lamentable que ante la desafección que la política está padeciendo por culpa de la corrupción, el alcalde no tengan alturas de mira, y se preocupen más por su situación personal que por dignificar la gestión pública”, han sentenciado los populares.

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