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El PP de L’Alfàs denuncia graves irregularidades de técnicos afines al PSOE en expedientes urbanísticos

  • El Ayuntamiento alfasino tendría que pagar más de medio millón de euros por un informe “fantasma” del arquitecto

El grupo municipal del Partido Popular ha acusado al alcalde, el socialista Vicente Arques, de ser el responsable y promotor “de las graves irregularidades” que se están cometiendo en el Ayuntamiento por parte de relevantes funcionarios afines al PSOE y que ahora podrían obligar al Consistorio a pagar más de un millón de euros por un terreno que fue valorado en poco más de 500.000. Diferentes y dispares informes realizados por el arquitecto municipal, Javier de Udaeta, esposo de la hasta ahora número 2 del PSOE, Elena Valenciano, podrían permiten a la mercantil Benidorm Golf reclamar al Ayuntamiento de L’Alfàs el doble del precio que estaba fijado por una parcela que fue cedida en 2002.

La portavoz popular, Maite Huerta, denunció en la sesión plenaria del pasado viernes “la nefasta gestión político-urbanística” del alcalde alfasino, al aprobar el equipo de gobierno un expediente que podría costar a todos los ciudadanos más del doble de su valor. Todo ello, por la existencias de tres informes diferentes realizados por la misma persona, el arquitecto municipal, y que según los populares, uno de ellos podría haber sido encargado por el alcalde para “que terceras personas pudiesen obtener importantes beneficios económicos a costa de las arcas municipales”.

En el año 2002, la mercantil Benidorm Golf ofreció al Ayuntamiento de L’Alfàs una parcela de 13.550 metros en la urbanización Belmonte, de uso dotacional, por 488.622 euros. El arquitecto municipal, Javier de Udaeta, emitió un informe de valoración justipreciando la parcela en 502.647 euros, unas decenas de euros más del importe solicitado por la mercantil, lo que fue aceptado por ambas partes. Ante el impago del Ayuntamiento, en octubre de 2010, Domingo Nualart Bayo, en representación de Benidorm Golf, SL, presentó un escrito para que se inicie por Ministerio de la Ley el expediente de justiprecio acordado.

Ante esta demanda, unos meses después, ya en 2011, el equipo de gobierno socialista contestó a la mercantil que la situación económica financiera y presupuestaria que atravesaba el Ayuntamiento imposibilita hacer frente a este gasto por la vía de la indemnización en metálico. Debido a esta situación, el Ayuntamiento planteó la sustitución del pago en dinero del justiprecio expropiatorio por la atribución de derechos de aprovechamiento urbanístico, o lo que es lo mismo, mediante permuta de terrenos en el nuevo PGOU que el gobierno socialista estaba redactando y que a día de hoy no está ha aprobado, existiendo informes desfavorables de Consellería para sus desarrollo.

A finales de 2011, Benidorm Golf, presentó un nuevo escrito donde denuncia la pasividad municipal en la resolución de su solicitud. En febrero de 2014 la mercantil propietaria vuelve a presentar alegaciones donde anuncia al Ayuntamiento su orden de iniciar por Ministerio de Ley el expediente expropiatorio y el pago del justiprecio que cifran ahora en 1.040.364 euros, con el aval de un “sospechoso y nuevo informe” que de nuevo redacta el arquitecto municipal, Javier de Udaeta, el 19 de enero de 2012, “que incrementaba el justiprecio al doble, en plena crisis y cuando el precio de los terrenos se encontraban en caída libre”, ha subrayado la portavoz popular. Maite Huerta preguntó al alcalde en el Pleno por este nuevo y sorprendente informe que duplicaba la cantidad a pagar, sin encontrar ninguna respuesta por parte del primer edil. Maite Huerta reiteró al alcalde una aclaración a la existencia de ese informe, que podría haberse realizado para beneficiar a terceras personas con el dinero del Ayuntamiento.

El equipo de gobierno socialista de l’Alfàs, ante la precariedad de las arcas municipales y la exigencia del propietario de la parcela, ofreció a la mercantil una permuta por otros terrenos en el PGOU que pretende aprobar el ejecutivo local y que se encuentra paralizado.
El pasado día 24 de junio el arquitecto municipal, Javier de Udaeta, volvió a emitir por tercera vez otro informe sobre la misma parcela, esta vez volviendo a cifrar el justiprecio de la parcela en cuestión en 585.228,43, rebajando ahora en casi 500.000 euros el justiprecio que él mismo había sobrevalorado en enero de 2012. Con este nuevo informe del arquitecto municipal el pasado viernes el gobierno socialista rechazó en el Pleno el justiprecio presentado por la mercantil y que venía avalado por el informe del mismo arquitecto municipal dos años antes.

Para la portavoz municipal, Maite Huerta, en este expediente “todo es muy raro”, y según ha subrayado, se mantiene a la espera de que el alcalde responda a la pregunta formulada en el pleno donde le solicitaba “¿quién había pedido el informe en el año 2012 al señor de Udaeta? Los populares, se preguntan si es el alcalde fue el que solicitó la redacción del nuevo informe o fue el concejal de Urbanismo, Vicente Soler, ya que el arquitecto es un técnico sin capacidad de decisión ni actuación por sí mismo. Además, la portavoz popular preguntó al primer edil ¿quién facilitó esa nueva tasación a la propiedad y con qué objeto? ”, que ahora los socialistas quieren desestimar al no estar firmado, pero si realizado con membrete y sello del Ayuntamiento.

Y sobre la posible permuta que ofreció el alcalde con el futuro PGOU y que no ha aceptado la mercantil, la portavoz popular ha manifestado que es otra “grave irresponsabilidad e irregularidad” por parte del alcalde y su equipo de gobierno, porque el PGOU no está aprobado en Conselleria y sin embargo el acalde “trapichea” con terrenos y recalificaciones.

La mercantil, todavía propietaria de los terrenos, ha instado al Ayuntamiento que si antes del próximo 5 de agosto el Ayuntamiento no acepta su justiprecio fijado en más de un millón de euros por el informe del arquitecto acudirá sin más dilación al jurado provincial de expropiación forzosa.

La portavoz popular ha exigido al alcalde una explicación inmediata sobre tan “irregular asunto” que puede costar a todos los alfasinos más de medio millón de euros.

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