La juez imputa al jefe de la Policía Local de l’Alfàs del Pi en el proceso abierto contra el alcalde por posible delito de coacciones y apropiación indebida
El juzgado nº 5 de Benidorm sigue con el procedimiento penal tras la denuncia presentada por la anterior adjudicataria de la contrata de basura por presunto apropiamiento ilegal de sus vehículos
Los motivos por los que la juez también ha imputado al jefe de la Policía local son por haber ordenado el bloqueo de los camiones de la anterior contrata, Agricultores de la Vega (SAV), y la declaración posterior en el cuartel de la Guardia Civil de Altea asegurando que los camiones eran propiedad del ayuntamiento a fecha de 31 de diciembre de 2009, hecho que no ha sido aún probado.
Igualmente, el alcalde de l’Alfàs del Pi, el socialista Vicente Arques, continúa en calidad de imputado en el procedimiento, tras su declaración del pasado día 21 de marzo.
En esa vista, y tras prestar declaración también el resto de responsables implicados en el caso, el concejal de Servicios Técnicos, la secretaria accidental y el responsable de la mercantil La Generala en l’Alfàs del Pi, la juez dictaminó seguir instruyendo el caso y mantener como imputado a todos los implicados, a los que se suma ahora el jefe de la Policía Local.
Los hechos concretos por los que Vicente Arques sigue imputado por un posible delito penal de coacciones y apropiación de material y vehículos, tuvieron lugar el 1 de enero de 2010, cuando la mercantil Agricultores de la Vega, hasta esa fecha empresa que gestionaba la recogida de la basura en el municipio, denunció ante la Guardia Civil de Altea por bloquear el acceso a sus camiones e impedir su retirada del municipio, una vez finalizado el contrato de dicha empresa con el Ayuntamiento.
Posteriormente, SAV denunció también a la siguiente contratista, La Generala, al comprobar que esa empresa estaba utilizando los vehículos de su propiedad, para lo que forzó sus cerraduras y les practicó el “puente”, como así pudo comprobar en uno de ellos la Guardia Civil de Altea.
En su declaración del día 21 de marzo, Vicente Arques se descargó de culpa y responsabilizó de su posible actuación delictiva a la secretaria accidental del ayuntamiento en aquella fecha, Lourdes Caselles, con quien, según su declaración ante la juez, mantuvo junto a un grupo de concejales de su equipo de gobierno un reunión el día 31 de diciembre de 2009, señalando el alcalde que las secretaria y los técnicos avalaron su decisión de tomar la medida cautelar de retener los vehículos de la basura y ser utilizados bajo la fuerza, para garantizar un servicio de primera necesidad.
En esa fecha, la nueva contrata, la empresa La Generala, debería haber comenzado a realizar su servicio con su operativo y no utilizando los vehículos de la anterior empresa, quien asegura que los camiones eran de su propiedad ya que el ayuntamiento le adeuda más de 3 millones de euros y no existe ninguna cláusula por la que los caminos pasaban a propiedad del ayuntamiento, como esgrime el alcalde.
También prestó declaración el responsable de La Generala, quien reconoció que sí que se utilizaron los vehículos, aunque no mostró conocimiento de que fueran manipulados, como denunció la empresa saliente, SAV, en el cuartel de la Guardia Civil de Altea.
El alcalde de l’Alfàs del Pi, de forma sorprendente, afirmó no conocer la visita de varios técnicos municipales al cuartel de la Guardia Civil de Altea, pocos días después de los hechos, adjuntado, al parecer, documentación referente a la denuncia presentada por SAV.
