EU de Aldaia presenta una moción contra el canon por el préstamo de libros y por la mejora de las biliotecas

Debido a la crisis y las políticas de ajuste duro practicadas por los sucesivos gobiernos en las instituciones, además de los recortes ya practicados en materia de instalaciones, fondos dotacionales y personal, desde el pasado 2 de agosto, las bibliotecas públicas tendrán también que pagar por prestar libros, de acuerdo con un canon impuesto por el Gobierno Rajoy a través del real decreto 624/2014, con el que se pretende concretar la ley de bibliotecas aprobada en 2007 por el entonces gobierno socialista.

Este gravamen, que es de aplicación a partir del pasado 2 de agosto, afecta a las bibliotecas públicas en los municipios de más de 5.000 habitantes, casi el 96% del total de las existentes en nuestro país y estado, lo que implica que resultarán especialmente perjudicadas las instanalciones y servicios proporcionados por los Ayuntamientos en esta materia.

"La amenaza es muy real, porque este canon puede poner en peligro incluso la sostenibilidad de muchas bibliotecas municipales", advierte Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU en el Ayuntamiento de Aldaia, que acaba de presentar una moción instando a esta corporación a rechazar este canon y a subsanar las carencias importantes que hoy tiene el municipio en las bibliotecas municipal y de la mancomunidad del Barrio del Cristo.

"Con este canon vigente desde el 2 de agosto ya no será préstamo, sino alquiler lo que harán las bibliotecas públicas. Actuarán como un videoclub, pero con libros”, apunta Juanjo Llorente, porque este canon se calcula según el número de libros prestados en un año y la cantidad de usuarios activos. “Pero aunque su objetivo es, según dice la norma, remunerar a los autores por el préstamo de sus obras, lo que en realidad se establece es un sistema de transferencia de fondos públicos (municipales) a los bolsillos privados de la sociedad de autores, lo que conlleva una clara transgresión de la encomienda constitucional de prestar este tipo de servicios con carácter público. Por eso desde EU no estamos de acuerdo en absoluto y llamamos a movilizarse, tal como ya están haciendo la inmensa mayoría de organizaciones y profesionales del sector, así como muchos jóvenes y personas habituales usarias de las bibliotecas y centros de documentación”.