PP: "El PSOE aprueba un proyecto electoralista que arruinaría al Ayuntamiento"

El Partido Popular de Aldaya ha al recurso presentado un recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo plenario del 29 de marzo, que hacía referencia la puesta en marcha de un proyecto de construcción de 700 viviendas en el sector PP-A conocido como La Pedrota, y que supondría un coste de más de 11 millones de euros, ya que considera no sólo que no se ajusta a derecho, sino que implicaría la ruina del Consistorio, porque no ha realizado ninguna previsión de fondos para asumir cualquier problema de la obra.

En el recurso presentado por los populares se pide revocar y dejar sin efecto ese acuerdo. Asimismo, que se solicite el informe de la interventora municipal y la jefa de servicio, y la certificación del acuerdo plenario recurrido con la identificación de los miembros corporativos que han votado a favor "al objeto de ejercer las acciones que corresponda".

Para el Partido Popular se trata de una medida electoralista, porque si este proyecto fracasa ya sea de forma total o parcial, “supondrá la ruina del Ayuntamiento, porque es el garante de la obra, lo que se traduciría en una subida de impuestos, Eres, etc, por lo que no vamos a permitir que perjudiquen al municipio y a nuestros ciudadanos”.

Este proyecto arranca de 2002, momento en el que estaba en manos de un urbanizador. No obstante en 2006 este urbanizador renunció a la obra y a partir de ese momento se lo quedó el Ayuntamiento, que “durante todos estos años no ha hecho nada de nada. De hecho, la alcaldesa argumentaba que no era un buen momento económico, lo que nos resulta totalmente chocante si tenemos en cuenta el periodo de crisis en el que estamos ahora, momento en el que quiere iniciar las obras” y “nos hace preguntarnos qué ha cambiado ahora, aparte de que estamos en periodo electoral, porque que nosotros sepamos no es el mejor momento para la construcción de viviendas”.

Además, “lo único que importaba y que era urgente en esta zona era la construcción de un colegio en los terrenos dotacionales existentes en este sector, y esto está en marcha, por lo que esta acción sólo busca dar publicidad al equipo de Gobierno a costa de la ruina del Ayuntamiento”.

La cuestión es que ahora el equipo de Gobierno socialista, “ha iniciado el pliego de condiciones para buscar, contratar y licitar la obra, en un documento que encima equipara al constructor con el urbanizador lo que va en contra de la ley, dado que el primero debe sólo centrarse en la realización de la obra y el segundo asume las funciones de promotor”.

Además, dentro del pliego se mezclan temas importantes como las permutas, las condiciones etc, lo que no es muy regular. Un ejemplo de esto es que permite pagar las costas de urbanización, a cambio de terrenos dotacionales, cuando por ley se puede pagar con dinero o con terrenos, pero no está claro que se pueda combinar”.

Asimismo, falta un informe tanto de la secretaria como de la interventora del Ayuntamiento comunicando su aprobación y tiene que constar si hay crédito presupuestario para licitar las obras. De hecho, “cuando se convocó el pleno no había ningún informe de este tipo y el día del pleno lo único que había era un 'conforme' de la técnico municipal, lo cual no sirve para nada”, señalan.
Además, el pliego no cumple la LUV en concreto el artículo 128.3, ni la Ley de contratos del Sector Público concretamente la Disposición adicional II y el art 93, por tanto como no se ajusta a derecho," el PP no sólo va a recurrir esta decisión, sino que además la va a llevar a los tribunales porque no van a permitir que la alcaldesa se salte la ley a su conveniencia".

Todo esto se manifestó en el pleno y la alcaldesa y el PSOE no hicieron ni caso y lo aprobaron, "por lo que parece una medida puramente electoralista para ganar votos, pese a que no se sabe si las obras se desarrollaran como es pertinente, ni si las viviendas se podrán vender" y "todo el peso recaerá sobre el Ayuntamiento que es el garante de esta obra, cuando ni siquiera se sabe si tiene fondos para asumir un posible fracaso de esta iniciativa, porque no ha realizado ninguna previsión de fondos".

Esto entronca con otras irregularidades urbanísticas que le han costado mucho dinero al Ayuntamiento ya que han acabado en juicio:
- Cinturón verde, más de 5 millones euros.
- Casa Llotgeta: más de 500.000 euros.
- Centro Matilde Salvador: 1,5 millones de euros.
- Bonaire
- Actual querella por presunta prevaricación contra la alcaldesa y el concejal de Urbanismo, Francesc Ferrer, por la urbanización irregular del PP-2.