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La Plataforma reclama estar presente en las catas del vertedero de Reyval

La Plataforma reclama estar presente en las catas  del vertedero de Reyval

    Ante la noticia de que la misma empresa sería la encargada de realizar las catas en el vertedero gestionado por Reyval, la Plataforma , que ya dejo claro que no aceptaría esta opción en las reuniones con Tejedo y Ayuntamiento de Alcora, entiende y denuncia que ambas administraciones, junto con la empresa, están ganando tiempo.

    Sobre este tema, ellos mismos reconocen que esta opción se produce después de algunas reuniones de los técnicos de la Conselleria con los responsables de Reyval, que al final han aceptado presentar un nuevo proyecto de clausura, donde se recoge la realización de la “caracterización” de los residuos depositados en vertedero y la realización de los piezómetros para el control de la afección a las aguas subterráneas, lo que les permite ubicar los sondeos de las catas, la elección de la empresa inspectora y la que realizara las analíticas de las muestras extraídas.

    Ante esta tesitura la Plataforma exige estar presente en la determinación de los puntos de toma de muestras, así como obtener muestra de cada una de las catas realizadas para, en caso de desacuerdo, poder contrastar la veracidad de los resultados analíticos. También que exista un control real por parte de las administraciones autonómica y local

    Queremos recordar que se decretó la paralización cautelar de la actividad de vertido el 17 de julio de 2012 por faltas graves en la AAI, ante la negativa a realizar los pozos de control de afección de las aguas subterráneas, algo que genera a priori muchas dudas de lo depositado en el mismo vertedero, y que las inspecciones no han podido constatar por falta de muestras, algo que sorprende e indigna profundamente pues, después de más de 6 años de inspecciones, la DGCA ha sido “incapaz” de conseguir muestras de los materiales que resultaban sospechosos, incluso después de la violencia mostrada por el gerente de la empresa Reyval para evitar que el inspector que estaba tomándolas pudiera terminar su trabajo. Este hecho ha iniciado un expediente administrativo, pero la Conselleria ha sido incapaz de terminar el trabajo y siguen sin muestras de los residuos depositados, ¡después de más de 20 años de vertido! Este es el control al que nos tienen acostumbrados nuestras administraciones autonómicas y también locales.

    Los vídeos realizados por la Plataforma y las reiteradas denuncias obligaron definitivamente a la Conselleria a aplicar concienzudamente la orden de cierre, ante las evidencias de contaminación de las aguas superficiales del barranco del Regatell, que se vieron confirmadas por las analíticas realizadas por el Ayuntamiento a instancias de la Plataforma, aguas arriba y aguas abajo del barranco, y que han ofrecido información de esa presunta aportación del vertedero de contaminantes como el plomo, puesto que la diferencia es del doble de plomo aguas abajo del barranco respecto de las muestras tomadas aguas arriba del vertedero.

    Tanto Conselleria como el Ayuntamiento de l’Alcora dejan en manos de la misma empresa, que tiene más de una docena de expedientes sancionadores, la realización de su propia inspección, a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha negado a acatar sus obligaciones como empresa gestora de residuos tóxicos y peligrosos e incluso a obstruido con ira las labores de los inspectores, llegando a destruir pruebas. No parece de recibo que una empresa que engaña, obstruye e incumple las leyes, sea la que realice las analíticas, no nos da ninguna confianza. Las administraciones en cumplimiento de la legislación vigente, deberían haber actuado y realizado subsidiariamente las catas, a cargo de la empresa Reyval, pero no lo han hecho.

    Por todo ello la Plataforma no confía en los resultados que se obtengan de las analíticas de las catas, exige que pueda estar presente, junto con los responsables de inspección de la DGCA y del Ayuntamiento en las tomas de muestras y que las catas se realicen en el plazo de un mes. Después de este plazo se iniciaran las acciones legales contra la Administración competente en la materia.

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