Denuncian que Reyval contrata detectives privados para grabar las Asambleas No a la Incineradora
La Asamblea "No a la incineradora de l'Alcora" expresa su indignación porque asegura que Reyval contrató detectives privados para grabar las asambleas ciudadanas.
Manifiesta que estas prácticas son propias de gente sin escrúpulos, y muestra su absoluto respaldo al portavoz de la Plataforma, y a todas y cada una de las iniciativas realizadas por el colectivo ciudadano, sin el cual, la incineradora aseguran estaría ya en marcha y no se hubiese clausurado el vertedero que tiene Reyval en l'Alcora.
Después de declarar como testigo en el juzgado de instrucción nº3 de Castellón, por el caso de desobediencia ante resolución administrativa de cierre de la actividad del vertedero, Toni Albert, portavoz de la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació ha podido saber, gracias a las preguntas del abogado de Reyval, que la empresa contrató a una empresa de detectives privados para grabar en audio algunas Asambleas de No a la Incineradora, para utilizarlo en los juzgados contra el testimonio de la Plataforma.
Manifiestan: "En un intento de desviar la atención, Reyval hace lo que sea con tal de desprestigiar la actuación de la Plataforma y nuestro portavoz ante los jueces, para intentar que sus declaraciones como testigo pierdan valor probatorio y evitar con ello que las más de 300 fotografías y vídeos aportados a la causa de desobediencia que se juzga en el juzgado de instrucción nº 3 puedan servir para demostrar que la actividad de vertido de residuos, se producía después de decretado el cierre de la misma. Parece que todo vale con tal de conseguir salir impunes de los juzgados, pero ya hay una sentencia firme en uno de los expedientes sancionadores, ahora quedan unos cuantos más y la resolución de los procedimientos penales, el de desobediencia entre otros."
Según la Plataforma los numerosos documentos gráficos presentados, dejan claro que en el vertedero de Reyval había actividad de vertido de residuos, por ello Reyval, a través de sus abogados, pretende deslegitimar la información aportada por la Plataforma para evitar una sentencia condenatoria, y pagando a detectives.
Critican la pasividad de Conselleria y Ayuntamiento en realizar la toma de muestras en el vertedero, después de más de 6 años de pedírselo desde los colectivos ciudadanos, manifestando que ahora tienen la ocasión para que, a través de los tribunales de lo penal y administrativo se solicite la realización de las pruebas necesarias para demostrar que los vertidos que aparecen en los vídeos y fotografías son residuos mal inertizados y por tanto se produjo el presunto delito de desobediencia, además de otros presuntos delitos e infracciones en planta y vertedero, algo que ni la Conselleria ni el ayuntamiento de Alcora aseguran han sido capaces de sancionar, por lo que deberán asumir en su momento la responsabilidad administrativa y penal a que hubiere lugar. Manifiestan tener pruebas que el acuífero superior local de l'Alcora está contaminado, el barranco del Regatell también, siendo estos dos ejemplos de las consecuencias de la falta de control de las administraciones públicas, por eso exigen un control real y eficaz.
