Reyval acusa al sector cerámico de la contaminación hallada en sus piezómetros
En un escrito dirigido a la CHJ y también a la DGCA, en respuesta a la denuncia presentada por la Plataforma relacionada con los altos niveles de plomo y selenio detectados en los piezómetros de la planta, precisamente realizados para detectar posibles vertidos en la planta de Reyval, la empresa dice, según la Plataforma No a la Contaminació y la Asamblea contra la incineradora, que la contaminación del acuífero superficial de la zona es responsabilidad de las empresas esmalteras, con la infiltración de sus lixiviados, sin aportar prueba alguna para contrastar sus afirmaciones.
Lo que no dice Reyval, manifiestan, es que una gran cantidad de residuos que gestiona en su planta de tratamiento están relacionados precisamente con la industria esmaltera, como se puede comprobar en las memorias anuales de su gestión de residuos peligrosos, en las que consta la eliminación en el vertedero de residuos de vidriado que contienen metales pesados (LER 101211) y que solo en 2012 supuso más de 1500 toneladas vertidas procedentes precisamente esmalteras de la l’Alcora y parte de la provincia, además de otras 1000 toneladas de residuos que contienen metales pesados gestionados a través de Cespa y otros gestores. Teniendo en cuenta la manera poco ortodoxa en la inertizacion realizada, se entiende la preocupación de que los lixiviados de estos residuos aparezcan en las aguas subterráneas más superficiales, como se puede deducir del resultado de las analíticas.
Para justificarse, Reyval aporta una información sobre la hidrogeología local que en su estudio de impacto ambiental obvió, seguramente para evitar un posible informe negativo de la administración. En esta información introduce, que existe una capa acuífera en niveles de 25 a 40 metros “acuífero local” que es el que aparece “fuertemente contaminado” en sus piezómetros de la planta de tratamiento de residuos peligrosos.
Lo que tampoco dice en su escrito a la CHJ es que en la ampliación de información a la denuncia presentada por la Plataforma, ésta aportaba analítica realizada por IPROMA, a petición del Ayuntamiento de l´Alcora, que compara los niveles de metales y otros parámetros en las aguas arriba y abajo del vertedero de Reyval en el barranco del Regatell y que muestra una diferencia significativa, que si bien mostraba que parte del plomo podría provenir de las posibles filtraciones de la industria esmaltera, también dejaba constancia de que casi la mitad del plomo medido se aportaba al agua del barranco en la zona del vertedero. Manifiestan que es evidente que la industria cerámica a lo largo de su historia ha aportado contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas del acuífero local. Los datos de los 18 microgramos/litro de plomo detectados aguas arriba del vertedero hablan de ello, pero los de la analítica realizada aguas abajo, en las aguas superficiales del barranco del Regatell, con 34 microgramos/litro de plomo les indica que los otros 16 microgramos salen del vertedero. Además es una prueba analítica que coincide con la realizada por la CHJ en el piezómetro JUE708 en las mismas fechas.
Denuncian que Reyval pretende escapar de la justicia y de la administración medioambiental, CHJ y DGCA, trasladando toda la responsabilidad a la industria cerámica en general y especialmente a la esmaltera. Insisten en que Reyval debe asumir que ha vertido residuos líquidos en la planta de manera continuada desde el inicio de su actividad, como evidencian las numerosas denuncias presentadas por vecinos y autoridades y las analíticas de sus piezómetros, también el vertido de residuos peligrosos disfrazados de inertizados en el vertedero.
Terminan manifestando que las catas en el vertedero deben mostrar de una vez, qué se ha vertido en el vertedero de Reyval y si sus lixiviados ya afectan a la calidad de las aguas del barranco del Regatell. Exiggen a la Conselleria que realice con carácter subsidiario esas pruebas, los piezómetros exigidos por la CHJ y analice los lixiviados en los pozos del vertedero, que cumpla sus obligaciones legales de vigilancia y protección medioambiental.
