La oposición y la Plataforma acusan a la Generalitat de poner trabas a las catas en Reyval y frenar las medidas de control
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de l’Alcora, PSOE y Bloc-Compromís, junto con la Plataforma No a la Contaminació, han denunciado conjuntamente la actitud “opaca, pasiva y casi cómplice” de la Generalitat Valenciana y de la Dirección General de Calidad Ambiental con respecto a las inspecciones y medidas de control a la empresa Reyval, impulsora del proyecto de la planta incineradora. Según los portavoces de ambos grupos y de la Platafoma, esta complicidad “además de obligar al Ayuntamiento iniciar los trámites para realizar unas catas que debería impulsar la Conselleria, está frenando y poniendo trabas a otras actuaciones tendentes a supervisar, controlar y fiscalizar la gestión de residuos, una tarea que compete y es responsabilidad de la Conselleria”.
Según los grupos de la oposición y de la plataforma, “la Generalitat ha mostrado una total falta de transparencia ante las peticiones de documentación, ya que impide al Consistorio acceder a documentación esencial para los contenciosos que mantiene contra la empresa”.
Esta “inaceptable” actitud de la Generalitat, que podría derivar en un contencioso contra la misma, también se ha demostrado en la “negativa de la Generalitat Valenciana de ejecutar las catas de control en la empresa, unas catas y prospecciones que son competencia de la Generalitat, puesto que ha de velar por la seguridad y la salud de los vecinos”. Según coinciden desde PSOE, BLOC-Compromís y desde la Plataforma, “ante los indicios de irregularidades, la Generalitat debería actuar de oficio y realizar las pruebas que haga falta”. Cabe recalcar que las catas pueden suponer un coste aproximado de 70.000 euros.
De hecho, según afirman desde la oposición y desde la Plataforma, “los supuestos nuevos incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada por parte de Reyval denunciados por la Plataforma serían motivos suficientes para incoar nuevos expedientes sancionadores”. Por este motivo, advierten al Consell que “cumpla su deber y sus obligaciones o desde la oposición y desde la Plataforma se tomarán las medidas necesarias para iniciar un contencioso administrativo contra la Generalitat”.
