La XXII Asamblea Ciudadana contra la Incineradora aprueba trasladar a la fiscalía las afecciones a la salud de los vecinos de la planta Reyval
Tuvo lugar la XXII Asamblea Ciudadana contra la incineradora que la empresa Reyval Ambient pretende instalar en el municipio de l´Alcora.
Se aprobó trasladar a los ayuntamientos la petición de moción para blindar los municipios del entorno, ante la intención ya pública de la Conselleria de potenciar la incineración de residuos, lo que puede suponer la instalación de plantas de incineración de residuos industriales o urbanos, públicas o privadas, en cualquier municipio.
También se planteó, entre otras muchas cuestiones, la ausencia de actuaciones tanto de la Conselleria de Medio Ambiente como de la de Sanidad para localizar y eliminar el origen de las emisiones difusas causantes de los olores irritantes que está afectando a la población cercana a la planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos, lo según las plataformas ciudadanas se demuestra con las más de 200 denuncias ambientales de vecinos y trabajadores próximos durante el año pasado y del actual.
Si bien, recientemente, estas emisiones se han visto reducidas sensiblemente, ya ha sucedido otras veces que la presión ciudadana ha conseguido cierta reducción al menos en la percepción del olor, pero se han reanudado, como sucedió ayer mismo. Por ello se aprobó por mayoría absoluta el trasladar a la fiscalía toda la documentación sobre esta cuestión para que, en el caso de que considere que puede deducirse delito contra la salud y el medioambiente, inicie de oficio la investigación penal pertinente.
Las diferentes oleadas de emisiones difusas se vienen originando desde que la empresa Reyval inició la actividad de evaporación, supuso que en 2008 y 2009 se presentaran denuncias masivas ante Salud Pública, que consiguieron que se paralizara la actividad origen de estas emisiones irritantes, pero que, en 2011, tras la concesión definitiva de la AAI, se vieron aumentadas, coincidiendo además con el descubrimiento de los 2.000.000 de litros de residuos tóxicos y peligrosos en una nave fuera de las instalaciones, sin ningún tipo de seguridad ni salubridad, con el consiguiente riesgo para la salud de los vecinos y trabajadores y para el medioambiente.
Desde el movimiento ciudadano quieren recordar a las administraciones públicas su deber legal de proteger la salud y el medioambiente de los ciudadanos que viven en la Comunidad, manifiestan que lo han intentado durante un año utilizando los medios administrativos de que disponen, por lo que, ante la ausencia de actuaciones, entienden que la única forma que les queda es utilizando la vía penal en los juzgados.
