Los juzgados investigan al ex alcalde de l’Alcora por un presunto delito de prevaricación
Los hechos se producen a un mes del Congreso Provincial del PSOE
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Castellón ha publicado el auto por el que queda abierta la causa por la que se imputa al ex alcalde de l’Alcora, Javier Peris por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Asimismo han quedado imputados todos aquellos miembros que formaron parte de la Mesa de contratación, por la que se decidió adjudicar a la empresa Anfab S.L el contrato de consultoría y asistencia para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, el 22 de septiembre de 2004.
Así pues, el entonces alcalde, Manuel Javier Peris, así como Beatriz Gil Pastor, Fernando Bou Salvador y María del Carmen Sancho Andreu, actual edil socialista, están imputados por cometer presuntamente los delitos antes citados.
La causa se retoma en estos momentos porque el juez ha considerado que existen motivos suficientes para abrir un juicio oral. Así queda reflejado en el auto que ha emitido el Juzgado de Instrucción Nª1 de Castellón, a fecha 17 de enero de 2012. “El entonces alcalde de l’Alcora, Javier Peris, y los concejales que formaron parte de la Mesa de contratación, cometieron delito de prevaricación al acordar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria con la cooperación necesaria de Matilde Ansuategui Persiva (administradora única de la mercantil Anfab S.L.) al adjudicarse deliberadamente y de forma consciente el citado contrato de asesoría en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico, contando en los autos que el imputado Javier Peris Salvador no solo votó a favor de la adjudicación, sino que propuso de forma inusual la contratación de expertos externos, que él mismo designó, y cuyo criterio contrario al mantenido por la arquitecta municipal es el que finalmente se impuso”. Y añade: “la empresa elegida, Anfab, S.L. tenía un objeto social incompatible con el fin del contrato, lo que impedía por sí solo la adjudicación realizada, siendo la administradora única de Anfab S.L. esposa del administrador único de la mercantil Augimar, S.L., conocida empresa urbanizadora cuyas relaciones económicas con el Ayuntamiento de l’Alcora han resultado públicamente cuestionadas”.
Concretamente los imputados y componentes de la Mesa votaron de forma favorable a la contratación de Anfab S.L. Un voto que se decidió ignorando el informe de los técnicos municipales, quienes desestimaron la candidatura de la empresa por no cumplir con las bases, apuntando como la mejor opción para dicha adjudicación, a la empresa Merino y Terrasa. Una entidad, que posteriormente, en vista de los acontecimientos tomó la decisión de presentar un recurso contencioso administrativo contra la resolución de alcaldía, que decidió que Anfab fuera la empresa adjudicataria de dicho contrato.
Asimismo, en el auto se explica que “la decisión inicial de atribuir el citado contrato de asesoramiento a Anfab S.L. se dictó en base a dos informes externos interesados por el alcalde de l’Alcora, que se presentaron una hora antes de la votación de la Mesa de contratación, constando en la citada sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Castellón que la contratación de estos técnicos externos se realizó directamente, sin que en contrataciones anteriores, la Corporación hubiera acudido a dicha clase de asesoramiento y además, que la Mesa de contratación recibió con una hora de antelación a la votación los informes de los técnicos externos.”
Con cinco votos favorables, por parte de los componentes de la Mesa antes citados (quienes componen la parte política), tres en contra y una abstención, finalmente se acordó adjudicar el contrato a la mercantil Anfab; “Pese a que dicha empresa no había realizado con anterioridad elaboración de PGOU y en la descripción estatutaria del objeto social de la misma no figura la actividad de urbanismo o arquitectura, siendo su objeto social, el de asesoramiento jurídico, fiscal, mercantil, contable, laboral, financiero y gestión inmobiliaria”.
Así pues, da por comenzado un proceso judicial que coincide con el Congreso Provincial del PSOE en l’Alcora dentro de una semana.
