El Supremo confirma la sentencia: El bulevar no constará dinero a los alcoyanos
El litigio entre el Ayuntamiento de Alcoy y el constructor Enrique Ortiz ya tiene sentencia firme y esta es a favor del Consistorio alcoyano. El tribunal Supremo confirma que el contrato se rescindió por causas imputables a la empresa constructora que presentó un proyecto con numerosas deficiencias, y por lo tanto no se podía ejecutar así que Enrique Ortiz tendrá que devolver al Ayuntamiento más de un millón y medio de euros más intereses.
El gobierno municipal ha conseguido finalmente que los alcoyanos y alcoyanas no pagan ni un euro a Ortiz por el proyecto del Bulevar. Recordamos que, con el cambio de gobierno en 2011, el Gobierno Municipal encabezado por Toni Francés inició un proceso por anular el contrato para la construcción del Bulevar por parte de Enrique Ortiz, que tenía un importe total de 27 millones de euros.
El proyecto había sido aprobado poco antes de las elecciones del 2011 con el único voto favorable del Partido Popular y con informes técnicos en contra. El proyecto, además, había sido muy contestado por la ciudadanía, tenía graves deficiencias técnicas y suponía un negocio ruinoso para el Ayuntamiento en plena crisis económica.
Esta decisión de rescindir el contrato, Ortiz la recurrió y el Tribunal le dio la razón en primera instancia en 2015 condenando al Ayuntamiento de Alcoy a pagarle 4,2 millones de euros en concepto de compensaciones por los gastos que incluían el aval que el ayuntamiento había incautado, el lucro cesante y los intereses.
Esta sentencia fue anulada por el TSJ al 2017 dando la razón al Ayuntamiento cuando las arcas municipales ya habían abonado a Ortiz más de un millón de euros más el aval de 500.000 euros.
Ante esta sentencia, Ortiz presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tribunal que no ha admitido a trámite este recurso, por lo que la sentencia ya es firme y Ortiz tendrá que abonar en el Ayuntamiento de Alcoy, un millón y medio de euros más intereses. Finalmente, la justicia ha dado la razón en el gobierno alcoyano argumentado, tal y como hizo este en el momento de rescindir el proyecto, que el contrato se rescindió por causas imputables a la empresa constructora puesto que presentó un proyecto con numerosas deficiencias que no se podía ejecutar.
